Vaciamiento del SOMU: Canicoba Corral autorizo la liquidacion de la Mutual gremial

Mutual del SOMU: Rodolfo Canicoba Corral (Juez Federal), Marcelo Collomb (Presidente del INEAS), Gladys Gonzalez (ex interventora del SOMU y la Mutual, actual Senadora Nacional)

Se empieza a desentrañar las responsabilidades y complicidades alrededor de la extraña y silenciosa liquidación del edificio de la Mutual del SOMU, ubicado en el barrio porteño de La Boca.

En un fallo, del 26 de octubre de 2017, el juez que intervino el gremio junto al poder ejecutivo; hace mención, a la liquidación de la Mutual por parte del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INEAS). Canicoba señala que según dicho organismo, “se arribo a la conclusión del retiro de la autorización para funcionar y la liquidación extrajudicial de la entidad, sanción prevista en el art. 35 inciso “d” de la Ley 20.321, a traves de su resolución Nro. 29 de fecha 10 de marzo del corriente año (2017)”.

Marcelo Collomb, presidente del INAES, lo decidió así, a pesar de continuar intervenida, dicha mutual, por la justicia federal.

En el fallo, Rodolfo Canicoba Corral, detalla una serie de irregularidades cometidas a traves de la mutual gremial por parte de la ex conducción apartada del gremio.

En cambio, en un informe anterior de la intervención designada por el magistrado, el ministerio de trabajo y el poder ejecutivo, se resalta el “saneamiento” con respecto a la Mutual y sus aportes.

El informe presentado al juez, fue echo por la actual senadora del PRO, Gladys González; en su informe, señala que logró “el ordenamiento administrativo con respecto a la intervención de la Fundación Azul, la Mutual, San Jorge y Malonot”.

También pasaron por la intervención: Jorge Alonso (Ministerio de Trabajo) y Santiago Viola (Poder Judicial); con la salida de Gladys González y la alianza Canicoba-Triaca, la intervención paso directamente a manos del ex ministro de Trabajo; allí mandaban Roberto Porcel, Alfredo Bertonasco, Silvio Torres, Alejandro “serrucho” Gómez y Sergio Borsalino.

En agosto de 2017, el concejal de Avellaneda, Daniel García, demandó a la senadora y esposa de Manuel Mosca, Gladys González, por el desvio de fondos de la mutual del SOMU, para la campaña electoral de Cambiemos de 2017. La causa quedó radicada en la UFI Nº 4 del Polo Judicial de Avellaneda.

Resulta por demás extraño que el INEAS declare la liquidación de la mutual de los trabajadores marítimos, siendo que aun, al día de hoy, se encuentra bajo intervención del juez Canicoba Corral (al igual que la Obra Social, la Fundación Azul y las empresas Malonot y San Jorge).

La intervención político judicial que declaro hacerse con el fin de “evitar la comisión de nuevos delitos y proteger así, los bienes de los afiliados”. Termino liquidando esos bienes.

Contrariando lo que estipula la propia Ley 20.321 de mutuales y su art. 35 inciso “d”, al que hace referencia el INEAS para declarar el retiro de la autorización para funcionar de la Mutual gremial y, además, su liquidación. El INEAS, saltea varias sanciones previas que podrían aplicase sobre la mutual, en cambio, se prefirió directamente su liquidación. Dicho articulo 35, señala que “las infracciones a cualquiera de las disposiciones de la presente Ley o a las normas y resoluciones complementarias, son pasibles en forma aislada o conjunta de:
a) multas; b) inhabilitación, temporal o permanente para desempeñarse en los órganos establecidos por los estatutos, a las personas responsables de las infracciones; c) intervención a la entidad; d) retiro de la autorización para funcionar como mutual y liquidación de la asociación infractora”.

A su vez, el art. 2 de la resolución 3034/05 de Cooperativas y Mutuales, Ley 20.321, art. 35, sobre modificación del procedimiento sancionatorio, establece que “las sanciones de multa, inhabilitación temporal o permanente y retiro de la autorización para funcionar, previstas en los incisos a), b) o d) del articulo 35 de la ley 20.321, solo podrán ser aplicadas previa instrucción de sumario, procedimiento en el cual tendrán oportunidad de conocer la imputación, realizar los descargos, ofrecer prueba y alegar sobre la producida. En todos los casos las personas o entidades sumariadas podrán ejercitar el debido control sobre la producción de la prueba y tendrán libre acceso a las actuaciones”.

Esto nunca ocurrió, el INEAS arbitrariamente decidió su liquidación con el aval del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

¿Puede el INEAS actuar unilateralmente y previamente sobre un hecho bajo una investigación judicial no concluida?

No, hasta bien exista un fallo comprobatorio y condenatorio, además de hacer recaer esa responsabilidad sobre los responsables directos y no sobre una organización conformada por afiliados damnificados. Además como se señala anteriormente, el ente debe denunciar los hechos, presentar las pruebas e informar de los supuestos delitos para realizarse el descargo.

¿Si la sanción supuestamente es contra la Mutual, porque no se suspende su matricula en lugar de liquidar su edificio?¿La culpa es de la Mutual o del edificio?

Estas preguntas aparentemente no fueron analizadas por el magistrado y los interventores que prometían “cuidar los bienes de los afiliados”. Si bien el INEAS, como organismo regulatorio puede previamente suspender las funciones de la mutual hasta bien se comprueben los delitos cometidos. No así, liquidar definitivamente el espacio físico perteneciente a los afiliados del gremio. Las acusaciones y sanciones son sobre el funcionamiento y matriculación de la Mutual, no sobre el edificio.

¿Que hizo y como controlo el INEAS el funcionamiento de la Mutual del SOMU previo a la intervención?

Queda en evidencia, que de haberse cometido los delitos señalados, el INEAS, no actuó ni controlo el funcionamiento de la entidad, existiendo entonces una connivencia y encubrimiento por parte del organismo durante años o bien, como mínimo, negligencia del organismo regulatorio.

¿Puede el INEAS actuar por sobre el poder judicial en una investigación en curso?

Obviamente, no. Como ya se señalo anteriormente, si buen puede tomar una decisión previa para evitar la conformación de nuevos delitos (como ser la suspensión), no puede decidir su venta, con una investigación en desarrollo. Además que el INEAS tiene potestad sobre la matriculación para el funcionamiento de la mutual, pero no así sobre el edificio gremial. Una vez que el juez se digne a levantar la intervención a la mutual, se debe establecer una nueva comisión directiva de afiliados.
Para poder liquidarse la Mutual debería contar con menos de tres agremiados, lo cierto que al continuar intervenida, por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, la propia justicia imposibilita la posibilidad de normalización.

Evidentemente, queda expuesto un interés significativo sobre el inmueble, con el fin de realizar un negocio inmobiliario, con la anuencia y complicidad del juez federal Canicoba Corral y el INEAS. Esta sociedad se evidencia aun mas, de forma burda; mientras el edificio de la Mutual del SOMU ubicado en el barrio de La Boca es liquidado. El otro edificio de la Mutual del gremio ubicado en Av. Entre Ríos de C.A.B.A., no corre la misma sanción.

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