La persecusión a sindicatos y dirigentes gremiales opositores en la era Cambiemos

Cronología de la persecución

Desde siempre los gobiernos en nuestra historia (tanto democráticos, como de facto), intentaron someter a la dirigencia sindical argentina a sus propios intereses, encontrando por supuesto, aliados dentro del mismo movimiento obrero para sus políticas contrarias a los intereses de los trabajadores, aunque también han enfrentado una férrea resistencia por parte de otros dirigentes gremiales.

En la actualidad, el gobierno de la alianza Cambiemos, se ha animado como pocos a avasallar los derechos constitucionales de los trabajadores.

Las intervenciones políticas

El caso mas resonante de la era Cambiemos fue el del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU). Tras las numerosas denuncias por corrupción llevadas adelante por dirigentes y afiliados, el ex Secretario General Enrique Omar Suarez, fue destituido y el gremio intervenido.

Inéditamente, la intervención del SOMU, dispuesta por el juez Rodolfo Canicoba Corral, fue manejada por un triunvirato representado por la Justicia Federal, el Ministerio de Trabajo y, anticonstitucionalmente por el Poder Ejecutivo, representado por la senadora Gladys González. Dejando afuera de la representación de los afiliados y normalización del gremio a los propios trabajadores.

Ni siquiera las dictaduras militares, incluyendo la ultima, se animaron a tanto. Si bien, los gremios eran intervenidos por las fuerzas armadas, parte de la representación de los gremios estaba a cargo de afiliados.

En esa linea, los afiliados denunciantes, le exigian al juez la incorporación de todas las agrupaciones gremiales en la representacion directa de los afiliados y la vida interna del gremio durante la intervención. Lo cual fue ignorado por el juez y el gobierno.

La intervención al SOMU, aun no concluida (se mantiene la intervención de la Obra Social, Mutual, Fundación y empresas del gremio), dejo un tendal de irregularidades y corrupción: contrataciones irregulares de personal y servicios, desvió de fondos para campaña política oficialista, proscripción y persecución de afiliados “no deseables”, negociados personales del Ministro de Trabajo Jorge Triaca, allegados y familiares, e innumerables casos de corrupción y desmanejos del gremio y sus fondos.

A la intervención política del SOMU, le siguieron la irrupción del ejecutivo, por medio de la justicia federal, en los gremios de: Seguridad (UPSRA), Azucareros tucumanos, Judiciales mendocinos, el gremio de Fleteros, la UOCRA La Plata, el Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación y, Canillitas.

Algunos de estos gremios fueron intervenidos por actos de corrupción como el caso del SOMU y, otros como forma de amedrentamiento como por ejemplo, el sindicato de Canillitas conducido por Omar Plaini.

En fin, ya sea por corrupción o amedrentamiento, el objetivo final, con la complicidad, en muchos casos de la justicia federal, es la adquisición de la caja de estos gremios y la eliminación de posibles frentes opositores.

Auditorias a opositores

Otra forma de apriete utilizada por el gobierno nacional, a través del Ministro de Trabajo Jorge Triaca y la directora nacional de Asociaciones Sindicales, Karina Palacios es la realización de auditorias a distintos gremios (casualmente opositores).

Como recientemente se hizo a los gremios docentes de Suteba y la Federación de Educadores Bonaerenses y, la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), que es el gremio mayoritario en la Anses.

Entre los sindicatos distinguen una maniobra del Gobierno y cuestionan que las auditorías estén apuntada a las organizaciones más díscolas. Hugo Moyano (h.), abogado de Camioneros, dijo que “se viola la autonomía sindical”. Y agregó: “Van a querer conocer nuestro libro contable para saber si pueden ejecutar la multa”.

“El Ministerio de Trabajo tiene facultades de inspección, pero debe existir una causalidad. No hay una fiscalización racional ni de rutina, sino que lo hacen para ejemplificar, como sucedió con la sanción a Camioneros”, argumentó Horacio Meguira, asesor legal de la CTA Autónoma.

Una de las funciones de las auditorias del Ministerio de Trabajo a gremios opositores es la detección de “incumplimientos” en la presentación de los libros de memoria y balance, casualmente la intervención del Ministerio de Trabajo en el SOMU, fue denunciada ante Canicoba Corral por gastos irregulares no justificados y, la no presentación de memoria y balance de 2016 y 2017 de la intervención de Jorge Triaca.

Multas millonarias por asambleas de trabajadores

El Gobierno Nacional en su guerra librada contra el sindicalismo opositor aglutinado en la figura de Hugo Moyano, decidió aplicar una inédita multa de 810 millones de pesos al gremio de Camioneros, con la excusa de haberse violado una conciliación obligatoria dictada a fines del año pasado.

Pablo Moyano señalo que “la multa es ridícula, y que el Gobierno se agarra de una asamblea en Farmacity para hacer la multa”, afirmo el dirigente sindical.

El Gobierno pretende que la multa a Moyano tenga efecto sobre el resto de los gremios díscolos. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, expuso esa intención oficial en público. “Acá no hay espacio para la impunidad ni para que ninguno se pueda llevar las cosas por delante”, advirtió el ministro del caso Sandra Heredia, empleada contratada “en negro” por Triaca y que se le pagaba el sueldo por intermedio de la intervención del SOMU.

La segunda sanción contra Camioneros es casi un hecho. El Ministerio de Trabajo ya dictaminó que el último paro del gremio, el 14 de junio, violó la conciliación obligatoria que la cartera había dictado el 5 de ese mes. Todavía hay audiencias pendientes en las que el sindicato prevé hacer su descargo. Sin embargo, tanto en el ministerio como cerca de Moyano dan por descontado que el proceso terminará con otra multa, y por un monto superior a la primera.

El secretario adjunto de Camioneros y el principal candidato a conducir una nueva CGT, Pablo Moyano, sostuvo que la sanción económica impuesta por el Ministerio de Trabajo al gremio tiene como objetivo del Poder Ejecutivo de “intervenir” el gremio para “después robarse todo, como hicieron con el SOMU”.

El otro procedimiento que Triaca tiene en sus manos se inició por una denuncia de Aerolíneas Argentinas contra la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) por la supuesta presión sobre un comandante para que leyera un mensaje contra las
low cost en pleno vuelo.

También el gremio de Aeronavegantes quedó en la mira del Ministerio de Trabajo por haber organizado asambleas que retrasaron vuelos.

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