El Gobierno demora el traspaso en el SOMU y el juez mantiene de rehen la Obra Social

Luego de perder las elecciones en el SOMU, el Gobierno, que jugo de lleno y armo una lista oficialista con los herederos del “Caballo” Suarez, el apoyo del mismísimo ex Secretario General detenido, los empresarios y todo el aparato y logística perteneciente a los afiliados del SOMU a disposición de su objetivo de apropiarse del gremio. No pudieron, en cambio, revertir la voluntad de los trabajadores.

La intervención juega sus cartas para seguir en el SOMU: Una transición con mas dudas que certezas

La lista vencedora “el Frente Marítimo Verde 18 Federal”, que llevo como candidato al electo Secretario General Raúl Durdos y que agrupa numerosas agrupaciones de todo el país que conformaron una lista de unidad de agrupaciones de trabajadores opositoras al “Caballo” Suarez y a la intervención (algunas mas radicalizadas que otras), aun se desconoce cuando asumirán definitivamente las nuevas autoridades elegidas por los afiliados del gremio.

Durante estos últimos dos años, el Ministerio de Trabajo utilizo el SOMU, entre otras cosas como “aguantadero” de puestos y cargos políticos: interventores, empleados varios y “ñoquis” de la intervención política que mantienen contrato hasta el 13 de febrero de 2018.

Hasta el momento solo renunciaron (o hicieron renunciar) algunos de los mas destacados “mariscales” de la derrota del Gobierno en el SOMU: el Dr. Roberto Porcel y Alejandro “Serrucho” Gómez.

A su vez, la intervención promueve extender su injerencia dentro del gremio hasta mediados de febrero, como mínimo, con la excusa de esperar la finalización de la feria judicial para informar al juez Rodolfo Canicoba Corral del proceso electoral realizado. Mientras tanto mueve sus influencias y contactos varios, en promoción a sectores cercanos puertas adentro del mismo gremio.

La feria judicial y ausencia de Canicoba Corral, en cambio, no impidió la polémica decisión de otorgar la prisión domiciliaria al “Caballo” Suárez. El juez Luis Rodríguez, que subroga a Canicoba Corral, tomó esa decisión. El fiscal Gerardo Pollicita apeló la resolución del juez subrogante, por lo tanto deberá definir la Cámara Federal el beneficio de la prisión domiciliaria.

Dicho beneficio se suponía inminente, tal como se había denunciado con anterioridad la existencia de un pacto entre el Gobierno y el “Caballo” Suarez que incluye negocios marítimos e impunidad.

El polémico juez Luis Rodríguez, a traves de su propia resolución que concede la prisión domiciliaria a Suárez reconoce (sin tapujos) la injerencia del “Caballo” en el gremio aun desde la prisión y con la intervención político judicial al mando, argumentando que al perder su influencia y poder que aun mantenía: “se ve desvanecido fruto del resultado arrojado por dichos comicios internos en los cuales la lista conformada por afiliados afines a su línea gremial fue derrotada por la oposición y despojada de la conducción de la entidad”.

Mientras tanto, una lenta y confusa transición evita el cumplimiento efectivo de las funciones de los candidatos electos impidiendo hasta el momento el pleno ejercicio de sus cargos.

Fuente ministeriales reconocen el temor de la intervención del gobierno que algunas de las agrupaciones vencedoras (las mas anti caballistas y que no negociaron con la intervención) promuevan una investigación de estos dos años de intervención político judicial.

La Obra Social es de Canicoba Corral

A pesar de contar con nuevas autoridades, la Obra Social de los marítimos continua bajo el dominio del juez de la causa Rodolfo Canicoba Corral a través de su cuñado Sergio Ramiro Tejada.

Anteriormente, Cámara Federal había intimado al juez de la causa a devolver el gremio antes de agosto de 2017, sin embargo, en su ultima resolución de fecha 14 de agosto de 2017, el juez Canicoba Corral extendió por ultima vez un nuevo plazo por otros 180 días como “plazo máximo la fecha de febrero de 2018” para entregar el SOMU a los afiliados “o a las nuevas autoridades electas en elecciones, lo cual ocurra primero”.

A pesar de existir ya autoridades electas, y confirmado legalmente el resulto final de los comicios realizados. La intervención sigue haciendo uso del patrimonio de los afiliados y manteniendo injerencia determinante dentro de la organización desde sectores internos afines.

En dicha resolución, del 14 de agosto, el juez Canicoba Corral omite hacer referencia a la intervención de la Obra Social, por lo que se presume podría seguir bajo el control del interventor Sergio Ramiro Tejada.

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