Roberto Porcel: Interventor del SOMU al servicio de la Embajada de Estados Unidos

Dr. Roberto Jose Porcel, lobbysta y redactor principal del proyecto de la Embajada de Estados Unidos para proteger los intereses de las corporaciones norteamericanas en nuestro pais.

Una vida al servicio de los intereses de las corporaciones norteamericanas y los fondos buitres.

A continuación reproducimos parte de una investigacion resumida para entender como operan en nuestro pais las grandes corporaciones detras del negocio de los medicamentos.

La defensa de la propiedad intelectual estadounidense, de la poderosa industria farmacéutica, ha sido una de las prioridades de la embajada de EEUU en Argentina, y fue uno de los temas casi excluyentes que el embajador Earl Anthony Wayne asumió durante su gestión. Sus esfuerzos en este tema pueden seguirse en la lectura de los cables que firmó la embajada entre enero de 2007 y abril de 2009, que fueron filtrados por Wikileaks.

Disfrutando de los campos del SOMU en Puerto Madryn, luego incendiados. Aun se espera por una investigacion y sus responsables.

Cabe recordar, que entre el periodo de febrero de 2008 a octubre del mismo año, el Dr. Roberto Jose Porcel se desempeño como Subsecretario de Planificación de la Salud en la Provincia de Buenos Aires durante la gestión del ex gobernador Daniel Scioli. En agosto de ese año, sucedio el triple crimen de General Rodríguez, que destapo el escandalo relacionado a los negocios con farmacias y droguerias con respecto al trafico de efedrina y derivados, también relacionados a la mafia de los medicamentos, un mes después del hecho, el Dr. Porcel, debió renunciar a su cargo.

El Dr. Roberto Porcel fue uno de los principales lobbysta y defensor publico de los intereses de la Embajada de Estados Unidos para defensa de la propiedad intelectual y el negocios de las patentes de los laboratorios norteamericanos, aun en perjuicio no solo de los productores y la ley argentina, sino también de los ciudadanos damnificados “rehenes” de los negocios multimillonarios en beneficio de las multinacionales y los intereses de los Estados Unidos.

Exclusiva fiesta en Washington, junto a “amigos” del senado norteamericano.

Tal es así, que el actual interventor del SOMU, fue señalado como el encargado del primer paso de la estrategia corporativa de los intereses norteamericanos, su tarea consistía en redactar una ley a gusto y conveniencia de los intereses estadounidenses, e introducirlo en el Congreso para su tratamiento legislativo. Lo logró en agosto de 2004 con un proyecto que involucraba a la Agencia Impositiva (AFIP) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). Pero no tuvo éxito.

El abogado Roberto Porcel fue el encargado de redactarlo (el “colaborador” no fue nombrado en los cables filtrados por Wikileaks) le aseguró a la embajada que el proyecto sería reintroducido en 2006, y culpó por el fracaso de la legislación al letargo de las cámaras de comercio argentinas que –según consta en los cables- habría asegurado que no apoyaron el esfuerzo.

A pesar de la reserva de su nombre, el abogado en cuestión Dr. Roberto Porcel, ha publicado infinidad de artículos sobre el tema, con demasiadas referencias explícitas en la redacción de este proyecto.

El Dr. Porcel es un interesante personaje: socio del Jockey Club Argentino y del Buenos Aires Rowing Club, su estudio está registrado en la International Trademark Association (INTA). Orgulloso de sus contactos con politicos y corporaciones norteamericanas, abogado y amigo íntimo de Sergio Massa, cuando éste era Jefe de Gabinete, en los medios se especuló que Porcel podría ser nombrado ministro de Justicia de la Nación en reemplazo de Aníbal Fernández (el otrora funcionario que fue vinculado al trafico de efedrina).

Amante de la ostentación, suele pasearse por el SOMU con autos y camionetas de alta gama, pertenecientes al gremio, aunque bajo investigación judicial.

El ostentoso letrado fue kirchnerista, massista y actualmente macrista tambien se ha comprometido en la defensa del fiscal Campagnoli, en la oposición más rancia al kirchnerismo, en favor de los fondos buitre, y fue abogado y asesor de Jesús Cariglino, el massista intendente del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas.

Como a principios de 2007 el tratamiento del proyecto de ley seguía trabado, la embajada le encargó a la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) que escribiera su propio proyecto, inspirándose en el aquel otro que no había prosperado a pesar de su reintroducción el año anterior.

Aunque tampoco aparece nombrada (en los cables se habla de “un legislador que piensa igual que nosotros”) la Senadora Nacional por la provincia del Chaco Mirian Curletti (UCR) fue quien presentó este proyecto renovado, logrando que tome estado parlamentario el 22 de junio de 2007. Y -recorriendo los artículos del Dr Porcel- parecería que el Diputado Cristian Ritondo fue quien tomó la posta de Curletti cuando ella perdió la banca en diciembre de ese año. De sus artículos también se desprende que Ritondo fue otro de los autores de aquel proyecto original en cuya redacción habría participado el propio Porcel.
Queda claro que la redacción de una ley hecha al gusto y medida de los intereses estadounidenses no era suficiente sin este imprescindible segundo paso de la estrategia: el reclutamiento de legisladores afines para que la presentaran en el Congreso argentino a título propio, y no en nombre de la embajada ni de la cámara.

Almuerzo en la Sociedad Rural Argentina. Toda una definición de pertenencia.

La propia embajada afirma en un cable fechado el 11 de mayo de 2007 que no va admitir que está detrás del proyecto de ley redactado por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, porque sería “contraproducente”. La estrategia era bien explícita: trabajar con las cámaras de negociones y representaciones diplomáticas, y con los miembros del Congreso de la Argentina que “piensen como nosotros”.

Pero esto tampoco era suficiente para garantizar el éxito buscado. El tercer paso propuesto fue trabajar con la Cámara de Comercio, las escuelas, universidades, medios de comunicación y referentes culturales, para instalar la idea de que es necesario defender la propiedad intelectual y los intereses de la poderosa industria farmaceutica.

Además, se lanzó una campaña de prensa para intentar compensar el escándalo por las patentes de medicación para el VIH-Sida, que había estallado sobre los laboratorios farmacéuticos estadounidenses BMS y Pfizer. El Cronista Comercial colocó el tema de la defensa de la propiedad intelectual en tapa, y publicó un editorial de tres cuartos de página firmado por el embajador Wayne, sobre su relación con la creatividad.
Por su parte, la Oficina de Prensa de la embajada trabajó con un editorialista local cuya identidad preservó, para coordinar un segundo editorial que salió sin firma esa misma mañana en La Nación, para asociar la piratería a la pérdida de creatividad y el empobrecimiento cultural.

El cuarto y último aspecto de la estrategia desarrollada por la embajada fue la organización de un grupo de fiscales, jueces, y funcionarios del gobierno argentino dispuestos a trabajar en coordinación con ella para mejorar la protección de la propiedad intelectual estadounidense en Argentina.

Breve reseña:

Al referirnos a propiedad intelectual, se tiene en cuenta dos grandes categorías: 1) patentes y marcas; 2) derechos de autor.

A traves de la Organización Mundial de Comercio (OMC), se negocio la política de aranceles y la liberalización de mercados a nivel mundial, y Estados Unidos logró imponer un tratado de propiedad intelectual conocido como TRIPS (Trade Related Aspects ofIntellectual Property Rights).

Para adecuarse al TRIPS, la Argentina aprobó una modificación a la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad. El gobierno argentino dio por cumplidas sus obligaciones con lo que le exigía la OMC (o más bien, lo que exigía Estados Unidos a través de ella), pero el gobierno de Washington no se dio por satisfecho, y decidió mantener a Argentina en una lista de países que no alcanzan el grado de cooperación suficiente.

El Dr. Roberto Jose Porcel junto a su Sra. Esposa durante la “inauguration” en Washington, para la asunción del Presidente y Vice presidente de Estados Unidos

Esta lista de no cooperación. La confecciona la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos: la “Special 301 Priority Watch List” en ella figuran todos los países que no alcanzan el grado de cooperación suficiente que esa Oficina de EEUU considera adecuado y para los que se sugiere una vigilancia prioritaria y, habilita al Departamento de Comercio estadounidense a presentar denuncias ante la OMC y así logra justificar la remoción de las preferencias arancelarias que le concede a los países en desarrollo. Así, Estados Unidos es legislador, juez y parte.

Sin embargo la decisión de remover las preferencias arancelarias no se toma por el solo hecho de estar en la lista de no cooperación, sino en función de un entramado de decisiones políticas más complejas. A Argentina, las preferencias arancelarias le fueron retiradas en mayo de 2012, y nada tuvo que ver con cuestiones de propiedad intelectual. Sino, por una orden ejecutiva firmada por el presidente Barak Obama, en la que se aduce que Argentina no actúo “de buena fe en el cumplimiento de fallos arbitrales a favor de empresas o ciudadanos de los Estados Unidos”: habíamos recibido un fallo adverso del CIADI en favor de dos empresas estadounidenses. El castigo fue el retiro de estas preferencias arancelarias.

Desde que existe este mecanismo específico de vigilancia y control instituido por su Oficina de Patentes, cada embajador estadounidense elevó un informe anual al Departamento de Estado sobre la situación de la propiedad intelectual en Argentina, junto con la recomendación de mantenernos en la lista de seguimiento prioritario.

La cuestión de los medicamentos

En varios informes de la embajada de EEUU se incluyen quejas de los laboratorios Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly and Company y Merk, Sharpe & Dohme. Todas estas quejas coinciden en que en Argentina existen “trampas regulatorias” (en referencia a las leyes que regulan el patentamiento de medicamentos) que permiten a los laboratorios nacionales ignorar las patentes estadounidenses y comercializar libremente medicamentos.

En enero de 2007, la empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb (BMS) y el laboratorio Pfizer -ambos estadounidenses- obtuvieron la patente de la didanosina, un antirretroviral para tratar el VIH-sida. Inmediatamente BMS solicitó (y logró rápidamente) una medida cautelar en contra del local laboratorio Richmond, que había ofrecido vender didanosina al Programa de VIH-sida del gobierno argentino.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos y la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticos denunciaron la situación. El entonces ministro de Salud, Ginés González, se sumó al reclamo diciendo que las patentes medicinales “generan monopolios y ponen en riesgo el acceso a los medicamentos”. También tildó a los pacientes de VIH-sida de “rehenes” de las empresas multinacionales.

El interventor del SOMU y defensor de los intereses norteamericanos en Argentina, junto al boxeador Evander Holyfield.

La repetición de este tipo de casos, impulsaron una enorme cantidad de pedido de cautelares abusivas de laboratorios y farmacéuticas extranjeros (especialmente estadounidenses) contra laboratorios locales, profundizó las decisiones regulatorias en torno de la propiedad intelectual en productos medicinales. Y, desde entonces, la situación ha cambiado radicalmente.

En mayo de 2012 Argentina puso en vigencia rigurosas pautas de examen de patentes farmacéuticas, que instruyen a los examinadores del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI). Estas pautas indican que las combinaciones de compuestos ya existentes no son patentables, puesto que carecen de novedad y actividad inventiva que justifique el otorgamiento de una nueva patente sobre los principios activos que se encuentran en dominio público o prontos a expirar las patentes. Sin embargo, sigue siendo muy común que las compañías farmacéuticas intenten repatentar las mismas moléculas realizándoles pequeños cambios, o combinando drogas ya existentes, o que reclamen la perpetuidad de las patentes, para poder cobrar precios exorbitantes por medicamentos que son accesibles en el mercado como genéricos de calidad y a buen precio.

Esta práctica de patentamiento abusivo había sido tan común hasta la normalización de estas pautas, que una de las tareas del INPI durante 2012 consistió en la revisión de las 186 patentes que se habían otorgado el año anterior, de las cuales el 94,6% eran de titularidad de no residentes en el país. Y la revisión reveló una realidad escalofriante: apenas el 2,7% correspondían a nuevos productos identificados mediante estructura y nombre.

El 61,3% de las solicitudes correspondían a patentes del tipoMarkush, que son las que comprenden una estructura madre que puede dar lugar a un conjunto de millones de compuestos y permiten protegerlos a todos, sin necesidad de fabricar cada uno de ellos, ensayarlos o siquiera de identificarlos. Y en un porcentaje menor, a patentes tipo evergreening: una estrategia semejante a las de tipoMarkush pero focalizada en una combinación específica de drogas ya existentes.

A pesar de las revisiones, BMS y Laboratorios Gilead volvieron a intentarlo: solicitaron el patentamiento con el nombre de ATRIPLA® para una combinación evergreening de antirretrovirales de uso prioritario en el país.

Asi, las patentes farmacéuticas retrasan la entrada de medicamentos genéricos al mercado, impiden la competencia de precios y ponen grandes desafíos para el acceso a la salud de la población.

Esta preocupación por el modo en que los países desarrollados presionan sobre los países en desarrollo para imponerles condiciones de protección sobre sus marcas y patentes no es exclusiva de Argentina.

Preocupado por este lobby de los países desarrollados (especialmente EEUU) a través de su participación en los organismos multilaterales, el Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law (MPI) elaboró los Principios para las Disposiciones sobre Propiedad Intelectual en Acuerdos Bilaterales y Regionales.

El documento advierte que los países desarrollados presionan para que sean aceptadas sus disposiciones de propiedad intelectual al celebrar acuerdos bilaterales con países no desarrollados y emergentes, incluyéndolas como moneda de cambio: las usan como condición para su firma, valiéndose de las normas internacionales que ellos mismos promueven y de la falta de transparencia e inclusión en los procesos de negociación.

Fuente: Viviana Taylor

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