El trafico ilegal de datos y el espionaje del Gobierno a los afiliados al SOMU

Además de proscribir afiliados, ahora la intervención político judicial que pretende perpetuarse al frente del SOMU, realiza en forma generalizada, maniobras de espionaje a los afiliados del gremio, de esa forma esta considerada y catalogada jurídicamente esta acción de manipulación del manejo de bases de datos privados y su trafico ilegal, para fines de manipulación política y/o comercial.

La intervención esta aprovechando su acceso a los padrones gremiales para obtener información de los afiliados y sus actividades y pensamientos políticos y gremiales. Cabe recordar que las bases de datos (padrones), se encuentran protegidos mediante la Ley de Protección de Datos, a fin de resguardar las libertades individuales y para evitar una posible persecución a las personas de índole ideológica, actividad sindical, de genero, participación y adhesiones políticas, de raza, religión, estrato social, etc.

Desde hace un mes, el gobierno de Cambiemos, transformo al SOMU en una agencia de telemarketing politiquera y para ello monto un enorme call center gremial encargado de recabar información privada de los afiliados.

Con total disponibilidad de los padrones gremiales, la maniobra consiste en cuestionarios, mediante llamada telefónica, de mas de treinta preguntas, las cuales varían desde la actividad laboral, información sobre ingresos, medios de pagos, conformación del grupo familiar, estrato social, menores y personas mayores a cargo, etc.

Otras series de preguntas están dirigidas al uso y acceso de redes sociales y otros medios de comunicación, por ejemplo sobre el uso de Facebook y su frecuencia, telefonía celular, prioridades en la comunicación, accesos de preferencia para ingresar a la información, portales de internet, televisión, diarios.

Mas grave aun, la mayoría de las preguntas apuntan a cuestiones gremiales y políticas, afiliación y actividad sindical, preferencias políticas partidarias, candidatos para elecciones en el SOMU, opiniones personales sindicales, judiciales y políticas, acceso y uso de cobertura medica, Obra Social y cobertura de ART, etc. Todo esta averiguación se realiza mientras se confeccionan los padrones que se utilizaran para las elecciones en el SOMU.

Esto esta catalogado en el ámbito del derecho como acción de uso ilegal de bases de datos personales a fin de recabar información personal protegida para posibles acciones de espionaje con fines persecutorios y la manipulación de la información privada.

Las preguntas interrogatorias al estilo publicitario hacen referencia a la afiliación sindical y pertenencia a sección o seccional, las formas de participación en la institución gremial, preferencias y adhesiones políticas y afiliaciones a partidos políticos, opinión sobre las figuras del “Caballo” Suarez, Rodolfo Canicoba Corral, Jorge Triaca, Gladys González, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri (estas con opciones de catalogarlas como: muy buena, buena, regular, mala o muy mala), realización de elecciones en el SOMU para el mes de noviembre, aceptación sobre la incorporación del voto electrónico, lo mejor y lo peor de la gestión liderada por el “Caballo” Suarez, utilización de la quinta “La Amistad” del SOMU, opiniones sobre la escuela “Omar Rupp” del gremio, preferencias por candidatos y agrupaciones gremiales.

Este método de espionaje mediante el acceso ilegal a bases de datos y su manipulación no es nuevo, es un mercado negro en contante ascenso a pesar de la existencia de algunas leyes en nuestro país destinadas a la regulación, control y restricción de su uso y abuso. En la era de la información la utilización, la compra y venta de bases de datos se convirtió en una prioridad tanto de Estados nacionales como empresas privadas. La recolección, almacenamiento de datos, cifras y estadísticas son un elemento indispensable para la manipulación.

La utilización de estos métodos esta definido como un delito en la reforma constitucional de 1994, donde se incorporo el Habeas Data (protección de datos) en el art. 43, los datos también están protegidos por la ley 25.326 y por la Ley de Protección de Datos Personales y controlado por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales, creada en 2001, cuya misión consiste en controlar el flujo de información privada, controlando, regulando y penalizando a quienes roben, compren o vendan datos sin autorización y a quienes utilicen esos medios para fines manipuladores.

La Ley establece que los ciudadanos no pueden ser objeto de preguntas catalogadas como “sensibles”, por ejemplo: opiniones políticas, afiliación sindical, origen racial, convicciones religiosas, filosóficas o morales e información referente a la salud o a la vida sexual.

Existen excepciones para la conformación de bases de datos como por ejemplo los sindicatos y los partidos políticos, pudiendo llevar ellos un registro de sus miembros. Por tal motivo, las acciones de la intervención del SOMU son aun mas graves ya que apoderándose de una base de datos gremial interna la utiliza para sus propios fines políticos, económicos, persecutorios y manipuladores a traves de esta moderna forma de espionaje de las actividades sindicales de los afiliados.

Esta debilidad del gobierno por los métodos goebbelianos por recabar continuamente información de los ciudadanos no es nueva, ya lo realizo con la base de datos del ANSES y el PAMI, aunque en ese caso existieron controvertidos “convenios entre las partes”.

En el caso del SOMU, intervenido por la justicia federal y el Ministerio de Trabajo de la Nación, el trafico ilegal de datos de los afiliados y su manipulación es aun mas grave ya que estos poderes no realizaron ningún tipo de “convenio”, ni pueden hacerlo y, a la vez viola la privacidad de los trabajadores, intentando controlar sus pensamientos y actividades sindicales y políticas.

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