Todos Afuera: La Justicia intervino el SOMU y desplaza a toda la dirigencia (resolucion completa)

Finalmente, lo que se advertia inminente, sucedio. El pasado dia jueves 18 de febrero de 2016, en horas de la tarde, por orden del Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral, se hizo efectivo el allanamiento, intervencion y separacion de todos los cargos dirigenciales en el SOMU.

De esta manera no solo “el Caballo” Suarez fue relegado de su puesto sino tambien LA TOTALIDAD de la dirigencia del SOMU, tal como afirma lo resuelto por el Poder Judicial:

“… habré de disponer el apartamiento de Enrique Omar Suarez de su cargo de Secretario General del SOMU y de Rigoberto Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas, de los cargos que ostenten al momento del dictado de la presente resolución, resultando necesario extender esa medida a la totalidad de los miembros de los órganos de conducción y deliberativos del sindicato, por el nivel de las irregularidades que no se podrán subsanar con el corrimiento o sustitución de las personas en los cargos…” (…)

“SUSPENDER en el ejercicio de las funciones a Enrique Omar Suarez, Rigoberto Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas y a los restantes integrantes de los órganos de conducción y deliberativos del S.O.M.U., como asi también los de fiscalización y electorales.”

“Entiendo que la continuidad en el cargo del imputado Enrique Omar Suarez como Secretario General del SOMU y demás miembros de los órganos del Sindicato, genera peligro de serios perjuicios para la asociación sindical y sus miembros…)”

La resolucion judicial para la intervencion y desplazamiento de toda la dirigencia del gremio se basa en distintas denuncias y dos pedidos de intervencion por parte de la AGRUPACION MARITIMA NACIONAL JUAN OCAMPO, la cual denuncio ante la justicia distintos casos de corrupcion que se realizaban en perjuicio de los trabajadores y otras irregularidades efectuadas por la dirigencia del gremio:

“Que los delitos por los que se encuentran procesados los nombrados habrían sido perpetrados mediante la utilización del gremio e inclusive en perjuicio de dicha entidad gremial”.

“… entre otros hechos, en orden a la comisión del delito de administración fraudulenta de los bienes del Sindicato, a través de la Fundación Azul…”

“A ello debe sumarse (…) la falsificación de firmas en registros de asistencia y actas del Secretariado Nacional del SOMU (…), los conflictos denunciados (…) relacionados con el adelantamiento de las elecciones en el Sindicato que diera lugar a la intervención del Ministerio de Trabajo declarando la ineficacia jurídica del proceso electoral convocado por el SOMU (…) y la expulsión por parte de Suarez de los secretarios Giorgi, Moreira, Vargas y Clemente con motivo de una disputa interna aun no aclarada. (…)

“… a los fines de garantizar el normal funcionamiento del Sindicato, en salvaguarda de los derechos de los afiliados, y evitar el entorpecimíento de la investigación a través del ocultamiento o desaparición de pruebas y la realización de acciones sindicales que pueden resultar contrarios a los intereses de los afiliados a los efectos de evitar el descubrimiento de la verdad”.

A continuacion se transcribe completa la resolucion del Juez Federal Rodolfo Canicoba Corral para la intervencion del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU):

Poder Judicial de la Nación
JNCCF n°6, Sec. n°11
CFP 4683/2012

Buenos Aires, 18 de febrero de 2016.

Y VISTOS Y CONSIDERANDO:

I) Que la presente causa tuvo su inicio con fecha 15/5/12 y los imputados Enrique Omar Suarez, Secretario General del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos, Rigoberto Suarez Cardozo, Secretario Sección Cubierta del SOMU y Jorge Agustín Vargas, Secretario de Relaciones Laborales del SOMU, se encuentran procesados en autos en orden al delito tipificado por el art. 190 del CP, reiterado en dos hechos que concurren realmente entre sí, en concurso real con el delito normado por el art. 194 del mismo ordenamiento legal, reiterado en cuatro hechos, los que también concurren realmente entre si (Ver fojas 3725/45, de fecha 05/12/14), resolución que diera confirmada el 23 de junio de 2015 por la Sala I de la Excma. Cámara del hiero a fojas 4244/57 y que se encuentra firme.

Como ya lo expusiera el suscripto al momento de dictar esa medida cautelar, los elementos aunados al sumario durante la presente pesquisa, permiten sostener que los imputados escudándose en su función de dirigentes sindicales desarrollaron las acciones ilícitas que le fueran imputadas en los términos del art. 294 del Código Adjetivo y que formarían parte de un conjunto de actividades ilegales que desde hace años vendrían realizando por decisión conjunta, todas relacionadas con su labor gremial, pero sin justificación, en perjuicio de diferentes empresas relacionadas con la navegación, en beneficio propio y no de los trabajadores que representan.

Que los delitos por los que se encuentran procesados los nombrados habrían sido perpetrados mediante la utilización del gremio (SOMU) e inclusive en perjuicio de dicha entidad gremial.

En ese sentido, los encartados se encuentran investigados en autos, entre otros hechos, en orden a la comisión del delito de administración fraudulenta de los bienes del Sindicato, a través de la Fundación Azul para el cuidado y representación del medio ambiente marino, fluvial y lacustre”.

A ello debe sumarse las nuevas denuncias traídas a estudio y que se encuentra en etapa de instrucción, que dañan cuenta de la falsificación de firmas en registros de asistencia y actas del Secretariado Nacional del SOMU (Ver fojas 3724, 3749/50), los conflictos denunciados a fojas 4876/4878 relacionados con el adelantamiento de las elecciones en el Sindicato que diera lugar a la intervención del Ministerio de Trabajo declarando la ineficacia jurídica del proceso electoral convocado por el SOMU mediante resolución dictada en el expte. №1-2015-1681.287/15 (Ver fs 4871/5) y la expulsión por parte de Suarez de los secretarios Giorgi, Moreira, Vargas y Clemente con motivo de una disputa interna aun no aclarada. (Ver fs. 4537 vu.).

Se advierte la existencia de una situación de conflicto de envengadura, al verificarse de los propios representantes de la entidad gremial, actitudes contradictorias y enfrentadas, como las denuncias penales aunadas a este sumario, lo que claramente entorpece la vida interna de la institución, lesionando directamente los derechos y garantías de los afiliados.

Así las cosas, estas circunstancias no habilita a que la situacion existente pueda prolongarse mas en el tiempo y se impone la medida excepcional de intervenir judicialmente al Sindicato tendiente a encauzar la vida institucional del gremio y a efectos de evitar la comisión de otros ilícitos y el entorpecimiento de la investigacion, en el entendimiento de que se dan los presupuestos de rigor para la procedencia genérica de las medidas precautorias, la verosimilitud del derecho invocado -fumus bonis iuris- y el peligro de un daño irreparable -periculum in mora- previstos en el art. 230 del Código Procesal Civil y Comercial (Ver fallos de C.C.C. Fed. Sala I, 6.2.2003, “Oficina Anticorrupción s/medida de no innovar”, C№35.122. y 5.9.2013 “Manani Quequesana” Cn°4B.535. Reg. 1026).

Entiendo que la continuidad en el cargo del imputado Enrique Omar Suarez como Secretario General del SOMU y demás miembros de los órganos del Sindicato, genera peligro de serios perjuicios para la asociación sindical y sus miembros conforme lo nominado por el art. 56 inc. b de la Ley 23.551, donde se vienen adoptando decisiones en beneficio de particulares y no de los afiliados. Dice la jurisprudencia de aplicación por analogía: “. . .Ante la existencia de actos u omisiones que pongan en peligro la sociedad es procedente la intervención de la misma…” (CNCom., Sala A, 27/5/77, Salurnini, Eduardo c/Morte, Mariano, EED, 76-445.-).

En esa inteligencia y a los fines de garantizar el normal funcionamiento del Sindicato, en salvaguarda de los derechos de los afiliados, y evitar el entorpecimíento de la investigación a través del ocultamiento o desaparición de pruebas y la realización de acciones sindicales que pueden resultar contrarios a los intereses de los afiliados a los efectos de evitar el descubrimiento de la verdad. (Ver declaración testimonial de Alejandro Antonio Giorgi de fojas 4777/92), habré de disponer el apartamiento de Enrique Omar Suarez de su cargo de Secretario General del SOMU y de Rigoberto Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas, de los cargos que ostenten al momento del dictado de la presente resolución, resultando necesario extender esa medida a la totalidad de los miembros de los órganos de conducción y deliberativos del sindicato, por el nivel de las irregularidades que no se podrán subsanar con el corrimiento o sustitución de las personas en los cargos y ordenar la designación de una comisión judicial interventora y normalizadora con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, debiendo convocarse a elecciones una vez que se hayan subsanado las irregularidades de la gestión.

Asimismo, en atención a las constancias de autos de las que surge la vinculación y el uso de la Fundación Azul para comisiones de los delitos investigados, he de disponer que esa misma comisión administre provisoriamente a dicha Fundación, apartando al consejo de administración. (Art. 222 del Código Civil y Comercial de la Nación).

II) Que resulta necesario disponer el allanamiento del Sindicato y la mencionada Fundación en el mismo momento en que se hagan presente en el lugar la Comisión Judicial con su equipo de trabajo a fin de garantizar el aseguramiento de la totalidad de la documentación que resulte de interés y con valor probatorio para el avance de la presente pesquisa y a efectos de que la comisión efectúe el correspondiente inventario y la posterior auditoria del Sindicato y de la Fundación.

Los procedimientos deberán ser efectuados por la Policía Federal Argentina, con intervención de la División Jurídico Contable de esa fuerza que prestará la colaboración necesaria a efectos de identificar la documentación relacionada con la materia de su especialidad.

El personal policial deberá asegurar el ingreso de los integrantes de la Comisión al Sindicato y a la Fundación Azul, resguardar la integridad física de los referidos, garantizando el correcto inicio de sus funciones y asegurar la documentación referida, debiendo proceder a la inmediata consulta con el Tribunal en caso de existencia de personas que se opongan al cumplimiento de la medida y ejerzan una conducta en flagrante desobediencia. (Art. 184 del CPP y ccdtes.).

Por la argumentos expuestos;

RESUELVO:

I) DECRETAR LA INTERVENCIÓN JUDICIAL DEL SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.) y DISPONER LA ADMINISTRACIÓN PROVISORIA por parte una comisión judicial de la FUNDACIÓN AZUL PARA EL CUIDADO Y REPRESENTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO, FLUVIAL Y LACUSTRE (Arts. 222 y sgtes. del C.P.C.C., 56 inc. b, de la Ley 23.551 y 222 CCCN) a los fines señalados en los considerandos.

II) SUSPENDER en el ejercicio de las funciones a Enrique Omar Suarez, Rigoberto Suarez Cardozo y Jorge Agustín Vargas y a los restantes integrantes de los órganos de conducción y deliberativos del S.O.M.U., como asi también los de fiscalización y electorales.

Asimismo, suspéndanse en el ejercicio de las funciones al Consejo de Administración de la mencionada Fundación.

III) DESIGNAR UNA COMISIÓN JUDICIAL INTERVENTORA EN EL SINDICATO DE OBREROS MARITIMOS UNIDOS, con la colaboración del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con las facultades que establezcan los estatutos para los órganos de conducción, deliberativos y electorales, integrantes que deberán previamente aceptar el cargo en legal forma ante este Tribunal, quienes desempeñarán sus funciones hasta tanto se produzca la regularización institucional y normalización de la entidad gremial.

Así también, esa comisión tendrá a su cargo la ADMINISTRACIÓN PROVISORIA de la FUNDACIÓN AZUL PARA EL CUIDADO Y REPRESENTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO, FLUVIAL Y LACUSTRE. (Art. 193 y ccdtes. del Código Civil y Comercial de la Nación)

IV) La Comisión Judicial Interventora tendrá como misión ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades de gestion, como asi también proceder a la regularización institucional del Sindicato mediante la convocatoria a elecciones. (Art. 56 inc. “b” y cuarto de Ia Ley 23551 y An. 225 inc. 3, del C.P.C.C.).

Dentro de los cincos días habiles de asumidos, la comisión deberá informar al Tribunal todas las medidas necesarias para el cumplimiento de su función.

V) ORDENASE al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación que proponga personal idóneo para integrar la comisión judicial interventora de inmediato, debiendo ejercer las atribuciones de fiscalización sobre sus actividades de conformidad con su carácter de autoridad de aplicación conforme lo normado por la Ley 23551, bajo apercibimiento de cometer los funcionarios responsables del delito de desobediencia tipificado por el art. 239 del Código Penal.

VI) DISPONER EL ALLANAMÍENTO DEL SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (SOMU), con domicilio en la calle Peru n° 1668 de esta ciudad y de la FUNDACIÓN AZUL PARA EL CUIDADO Y REPRESENTACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE MARINO, FLUVIAL Y LACUSTRE, con domicilio en la Av. Belgrano n°1667, piso 5 de CABA, para el dia 18 de febrero del año en curso, entre las 15:00hs y las 23:00hs, en el mismo momento en que se hagan presente en el lugar la comisión judicial interventora con su equipo de trabajo, a fin de garantizar el aseguramiento de la totalidad de la documentación que resulte de interés y con valor probatorio para el avance de Ia presente pesquisa y a efectos de que la comisión efectúe el correspondiente inventario y la posterior auditoria del Sindicato y de la Fundación.

Los procedimientos deberán ser efectuados por la División Jurídico Contable de la Policía Federal Argentina, que tendrá que prestar la colaboración necesaria a efectos de identificar la documentación relacionada con la materia de su especialidad.

Deberán asegurar el ingreso de los integrantes de la comisión al Sindicato y la Fundación resguardando la integridad física, garantizar el correcto inicio de sus funciones y asegurar la documentación referida, debiendo proceder a la inmediata consulta con el Tribunal en caso de existencia de personas que se opongan al cumplimiento de la medida y ejerzan una conducta en flagante desobediencia. (Art. 184 del CPP y ccdtes.).

El personal policial quedará facultado, en cumplimiento de esas órdenes, a habilitar horas inhábiles y hacer uso del auxilio de la fuerza pública de conformidad con las disposiciones de los arts. 224 y 225, segundo párrafo, del CPPN; debiendo labrar las actas respectivas con arreglo a los arts. 138, 139, 140 y 141 y en estricta observancia de las formalidades que imponen los arts. 228 y 230 del mismo ordenamiento legal.

Líbrense oficios, fórmese incidente y nofíquese a las partes.

Líbrense cédulas.

Autorizase a la defensa de Suarez y Rigoberto Suarez a la extracción de las fotocopias solicitadas a fs. 4920, a su costa.

RODOLFO CANICOBA CORRAL
JUEZ FEDERAL

Ante mí.
En la misma fecha se libraron oficios. Conste.-

En del mismo, notifique al Sr. Fiscal y firmó. Doy fe.-

Resolucion original completa:

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