Seccional Bahia Blanca realiza amparo rechazando acuerdo a la baja por el SAC en la pesca

El Secretario de la Seccional Bahia Blanca del Sindicato de Obreros Maritimos Unidos (SOMU), el dirigente Raul Omar Durdos, presento el dia miercoles 3 de febrero, ante la Camara Federal de Apelaciones de Bahia Blanca una Accion de Amparo y Medida Cautelar contra el Ministerio de Trabajo de la Nacion con el objetivo de frenar el anticonstitucional e ilegitimo acuerdo a la baja firmado por Enrique Omar Suarez junto a empresas del sector pesquero, el pasado 5 de noviembre de 2015, mediante el cual se entrega el reclamo de los afiliados del SOMU que trabajan en la actividad pesquera, intentando implementar una nueva interpretacion para la liquidacion del SAC, violatoria de las normas y leyes laborales vigentes de aplicacion.

La denuncia presentada por el Secretario de la Seccional Bahia Blanca del SOMU, se realiza con el fin de salvaguardar los derechos humanos, laborales y legales de los trabajadores de la pesca y asi insistir con el legitimo reclamo de sus afiliados para cobrar el aguinaldo tal cual lo establece la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 y sus modificatorias.

Con esta medida la Seccional Bahia Blanca del SOMU se pone al frente del historico reclamo y en la defensa de los trabajadores del sector. Asumiendo con dignidad y compromiso el rol dirigencial por el cual fueron electos por sus afiliados. Oponiendose asi, a la entrega perpetrada por Enrique Omar Suarez contra los trabajadores.

Accion de amparo y Medida Cautelar contra Ministerio de Trabajo por acuerdo firmado a la baja para la liquidacion del SAC (resumen):

“(…) con fecha 2 de noviembre de 2015, se formalizó en el expediente n° 1639238/14 la homologación de un acuerdo suscripto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, representado en dicha oportunidad por el Sr. Enrique Omar Suárez en su carácter de Secretario General del gremio, y una serie de empresas pesqueras, con aplicación a todo personal de marinería y maestranza y auxiliar de factoría a bordo de los buques pesqueros, arrastreros, langostineros, y de toda otra modalidad pesquera (…)”

“Que dicho acuerdo se basa en el pago del SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (S.A.C.) previsto por el art. 122 de la Ley 20.744, siendo que dicho acuerdo de partes, contraviniendo lo expresamente previsto en dicho artículo, establece una forma de pago distinta a lo establecido por el mismo. Es así que el art. 122 de la Ley de Contrato de Trabajo exige que el pago del S.A.C. se calcule sobre el 50% DE LA MEJOR REMUNERACIÓN PERCIBIDA EN EL SEMESTRE CORRESPONDIENTE.”

“Atento a ello los puntos 1.2, 1.3 y 1.4 del convenio devienen gravemente perjudiciales a los intereses del trabajador embarcado, ya que ningún trabajador embarcado puede estar más de 90 días a órdenes y resulta inviable que pueda gozar de 6 (seis) meses de francos seguidos, y nunca los haberes percibidos en las distintas mareas que se realizan en un semestre resultan de igual monto.”

“En virtud de lo cual y dado lo establecido por el art. 122 de la L.C.T., un marinero seguramente durante un semestre va a gozar de los 3 estados: EMBARCADO, FRANCOS Y A ORDENES, siendo que cuando el marinero percibe haberes por “Francos” o permanece en estado “A Ordenes” de la empresa, dichos haberes resultan ser sensiblemente menores a los haberes que corresponden al estado de “Embarcado” atento que éstos se encuentran conformados, no por una suma fija sino que el mayor monto corresponde a un porcentaje sobre la producción de la pesca lograda en la marea correspondiente.”

“Por ello, se debería liquidar el S.A.C. por el mayor importe percibido que será el de navegación de las mareas realizadas en el semestre lo que se deberá calcular sobre 30 días de la mejor marea percibida en el período, pero nunca ser calculado como lo pretende el art. 2 del acuerdo, promediando días navegados, a órdenes y francos.”

“Se habilita la presente vía en razón de lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional que expresamente dispone que se podrá interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de particulares que en forma actual lesione, altere y amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por un tratado o una ley vigente, y que el Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva (…), permitiendo impugnar mediante la acción de amparo, los actos u omisiones aplicativos de una norma general, cuya constitucionalidad cabe controlar judicialmente en el mismo proceso.”

“La lesión de los derechos de los trabajadores afectados, excluye cualquier otra vía ordinaria para su reparación, cuando la comprobación del derecho denunciado como afectado, es cierto, no dudoso y de fácil exhibición. Es así que el amparo se erige como el ámbito natural para conseguir el cumplimiento de la ley, el resguardo de las garantías constitucionales violadas y el Juicio de inconstitucionalidad de la ley de marras que exige una respuesta jurisdiccional sumarísima.”

“La presente acción de amparo tiene por objeto entonces, conseguir de manera expeditiva y a través de la orden judicial de V.S. que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo mencionada, obrante en el expediente N° 1639238/14, de lo que resultará que los trabajadores de marinería, maestranza y auxiliar de factoría percibirán el S.A.C. de acuerdo a lo expresamente establecido por el art 122 de la Ley 20.744 y 27.073.”

“Para la procedencia de toda medida cautelar es necesario que se cumplan dos requisitos: el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado. La verosimilitud surge clara a poco que se examine la presente. Un acto administrativo que avasalla derechos consagrados constitucionalmente que componen en definitiva una verdadera confiscación de bienes. El peligro en la demora es obvio. Los trabajadores no pueden disponer libremente y de la forma por ley establecida del Sueldo Anual Complementario, proveniente de una resolución administrativa que afecta los derechos de carácter alimentario, importando ello una seria y grave afectación del grupo familiar.”

“A la luz de lo previsto por el art. 15° de la ley 16.986 y a su vez, y de conformidad a lo previsto por los arts. 230 y cctes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita su procedencia en este tipo de proceso, indicándose expresamente que podrá “decretarse en toda clase de juicios”, vengo a solicitar se disponga MEDIDA CAUTELAR en la siguiente forma: se ordene al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo referido y ordene a las empresas firmantes el pago del S.A.C. correspondiente a los trabajadores de marinería, maestranza y auxiliar de factoría, por todo el plazo no prescripto transcurrido desde la homologación del Acta Acuerdo referido, según lo expresamente establecido por el art. 122 de la ley 20.744 y 27.073; a partir del presente y mientras dura la tramitación del mismo en forma preventiva.”

“Se formula expresa reserva del caso federal para el improbable supuesto que las instancias ordinarias no acogieran la acción de amparo deducida, ya fuera formal o sustancialmente, de conformidad a lo previsto por el art. 14 de la Ley 48, a efectos de recurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario, en tanto la flagrante violación de los preceptos constitucionales indicados en esta demanda y normas legales laborales vigentes de los derechos del trabajador.”

En virtud de lo expuesto, solicito: “… Se tenga por presentado formal Acción de Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y Ley 16.986, contra el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN con el fin que se deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo referido y ordene a las empresas firmantes del mismo el pago del S.A.C. correspondiente a los trabajadores de marinería, maestranza y auxiliar de factoría, por todo el plazo no prescripto transcurrido desde la homologación del acuerdo referido, de acuerdo a lo expresamente establecido por el art. 122 de la ley 20.744 y 27.073.”

Accion de Amparo – Medida Cautelar (Presentacion Completa):

ACTOR: SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.)

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN

MATERIA: ACCIÓN DE AMPARO – MEDIDA CAUTELAR

DOCUMENTACIÓN: copia de designación de Secretario de Seccional, copia de acuerdo de partes, copia de presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, jus provisional, copia de demanda.-

Señor Juez Federal:
RAÚL OMAR DURDOS, D.N.I. 8.362.642, en mi carácter de Secretario de la Seccional Bahía Blanca del SINDICATO DE OBREROS MARÍTIMOS UNIDOS (S.O.M.U.), con domicilio real en Mascarello n° 3.888 de Ing. White, constituyendo domicilio legal en Drago 23, 1° piso, Ofs. 6/9 de Bahía Blanca, con el patrocinio letrado del Dr. GUSTAVO RUFINO ALONSO, abogado, mat. T° 51 F° 748 CSJN, CUIT 20-10228222-2 IVA Responsable Inscripto, con domicilio electrónico CUIT 20-10228222-2, a V.S. me presento y digo:

I – TERMINO DE PRESENTACIÓN: Que atento lo previsto por el art. 43 de la Constitución Nacional que reforma al efecto la ley 16.986, en el mismo no se establece como condición de admisibilidad del recurso de amparo algún término de caducidad para la presentación del mismo, menos aún cuando el perjuicio que se intenta reparar es de existencia continuada, tal como ya lo ha resuelto la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca.-

II – LEGITIMACIÓN – Que la misma resulta de mi carácter de ciudadano afectado y por la representación que ejerzo en mi carácter de Secretario de Seccional Bahía Blanca de los trabajadores afiliados al Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (S.O.M.U.) por actos de la autoridad pública que vulneran una ley anterior y disposiciones expresas de la Constitución Nacional, concretamente, los artículos 14, 17, 18 y 28 de la misma que protegen el derecho de propiedad, su libre disposición, y la imposibilidad que los derechos y garantías de origen constitucional puedan ser alterados por disposiciones administrativas.-

Al respecto se ha dicho que “…el párrafo 2° del Art. 43 de la Constitución Nacional estatuye un definido aumento de los sujetos potenciados para articular el amparo, aclarando así un tema en parte polémico para este proceso constitucional…” “…Para ciertos amparos, el Párr. 2° del Art. 43 de la Constitución planifica una legitimación procesal más abundante. Se trata de los amparas en tutela de la no discriminación, del ambiente, de la competencia, del usuario, del consumidor y de los “derechos de incidencia colectiva en general”, que habitualmente son llamados intereses colectivos o difusos, categorías que si bien conceptualmente pueden diferenciarse, en la práctica son empleados como conceptos similares…” “…Pues bien, los sujetos legitimados -para los referidos amparas- son: a) el afectado, que es el habilitado en general para interponer cualquier amparo, a tenor de la parte 1° del Art. 43 …(acción de amparo, Néstor Pedro Sajes, 4° ED. Ampliada)”
Es en orden a dicha legitimación activa que vengo a presentarme en autos.-

Ill – OBJETO – Que en tal carácter y
representación vengo en tiempo y forma a promover formal acción de amparo contra el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SESGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, con domicilio en Leandro N. Alem n° 650 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a efectos de obtener que se deje sin efecto la homologación administrativa de un acuerdo de partes que vulnera gravemente los derechos alimentarios y esenciales de los trabajadores afiliados al S.O.M.U..-

Ello en base a que el art. 43 de la Constitución Nacional prevé la interposición de la acción de amparo contra todo acto u omisión de particulares que en forma actual lesiona y altera con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la Nación Argentina.-

IV – HECHOS – Que con fecha 2 de noviembre de 2015, se formalizó en el expediente n° 1639238/14 la homologación de un acuerdo suscripto entre el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, representado en dicha oportunidad por el Sr. Enrique Omar Suárez en su carácter de Secretario General del gremio, y una serie de empresas pesqueras, con aplicación a todo personal de marinería y maestranza y auxiliar de factoría a bordo de los buques pesqueros, arrastreros, langostineros, y de toda otra modalidad pesquera que explotaran las empresas firmantes en todo el territorio nacional y aguas jurisdiccionales.

Que dicho acuerdo se basa en el pago del SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO (S.A.C.) previsto por el art. 122 de la Ley 20.744, siendo que dicho acuerdo de partes, contraviniendo lo expresamente previsto en dicho artículo, establece una forma de pago distinta a lo establecido por el mismo.

Es así que el art. 122 de la Ley de Contrato de Trabajo exige que el pago del S.A.C. se calcule sobre el 50% DE LA MEJOR REMUNERACIÓN PERCIBIDA EN EL SEMESTRE CORRESPONDIENTE.-

Atento a ello los puntos 1.2, 1.3 y 1.4 del convenio devienen gravemente perjudiciales a los intereses del trabajador embarcado, ya que ningún trabajador embarcado puede estar más de 90 días a órdenes y resulta inviable que pueda gozar de 6 (seis) meses de francos seguidos, y nunca los haberes percibidos en las distintas mareas que se realizan en un semestre resultan de igual monto.-

En virtud de lo cual y dado lo establecido por el art. 122 de la L.C.T., un marinero seguramente durante un semestre va a gozar de los 3 estados: EMBARCADO, FRANCOS Y A ORDENES, siendo que cuando el marinero percibe haberes por “Francos” o permanece en estado “A Ordenes” de la empresa, dichos haberes resultan ser sensiblemente menores a los haberes que corresponden al estado de “Embarcado” atento que éstos se encuentran conformados, no por una suma fija sino que el mayor monto corresponde a un porcentaje sobre la producción de la pesca lograda en la marea correspondiente.-

Por ello, se debería liquidar el S.A.C. por el mayor importe percibido que será el de navegación de las mareas realizadas en el semestre lo que se deberá calcular sobre 30 días de la mejor marea percibida en el período, pero nunca ser calculado como lo pretende el art. 2 del acuerdo, promediando días navegados, a órdenes y francos.

Finalmente el art. 2 de dicho acuerdo debería haber quedado redactado de la siguiente manera: “…percibirá el monto del S.A.C. establecido por el art 122 de la L.C.T.-” (Aquí debería terminar dicho artículo sin ningún tipo de agregado, o sea se debe pagar el 50% del mejor sueldo calculado sobre 30 días de la mejor marea percibida en el período que se liquida).-

V – ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN – Se habilita la presente vía en razón de lo dispuesto por el art. 43 de la Constitución Nacional que expresamente dispone que se podrá interponer acción de amparo contra todo acto u omisión de particulares que en forma actual lesione, altere y amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta derechos y garantías reconocidos por la Constitución, por un tratado o una ley vigente, y que el Juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Así la reforma constitucional, virtualmente derogó el citado art. 2 de la Ley 16.986, permitiendo impugnar mediante la acción de amparo, los actos u omisiones aplicativos de una norma general, cuya constitucionalidad cabe controlar judicialmente en el mismo proceso.

El Juzgador podrá advertir de los hechos relatados, una situación susceptible de amparo que se define con la comprobación de los siguientes extremos: a) certidumbre del derecho afectado y al cual se busca proteger; b) actualidad de la conducta lesiva; c) carácter manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad de esa conducta; y d) origen constitucional de los derechos afectados.-

Inexistencia de otra vía judicial – “Siempre que aparezca de modo claro y manifiesto, la ilegitimidad de una restricción cualquiera a alguno de los derechos esenciales de las personas, asi como el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, administrativos o judiciales, corresponde que los jueces restablezcan de inmediato el derecho restringido, por la rápida vía del Recurso de Amparo …” (CSJN, Kot Samuel, Soc. Resp. Ltdn.).

Por lo tanto, en este punto, debemos estar a lo que en cada caso particular surja, en atención a la mayor o menor idoneidad de otras vías. Deberá siempre hacerse lugar al amparo en reemplazo de cualquier otra vía menos idónea, verificándose a ese efecto la simpleza y celeridad que para el mismo caso presenta cualesquiera otra, y la eficacia que otro proceso puede efectivamente rendir para tutelar el derecho conculcado.-

Así lo expresó la Corte Suprema en su fallo del 06-06-95 en el caso “Video Club Dreams c/lnstituto Nacional de Cinematografía”, donde se expresó que /a existencia de otras vías procesales que harían improcedente el amparo no es postulable en abstracto, sino que depende de cada situación concreta en relación con el demandante (citado por Bidart Campos, ob.cit.pag.379).-

Para la situación aquí planteada, sin lugar a dudas, no existe un remedio judicial alternativo que resulte más expedito, rápido y que garantice una decisión oportuna de la jurisdicción, que finalmente ponga a resguardo los derechos laborales e intereses alimentarios básicos conculcados.-

A esto se suma que estamos frente a una cuestión de puro derecho donde no se requiere un debate mayor o circunstancias fácticas a probar. Así, la vía ordinaria, aún con sentencia favorable, comprenden un proceso lento, con un mínimo de duración de dos años.

Vale también abonar mi postura con lo resuelto por la Corte en autos “Mases de Díaz Colodrero A. c/Provincia de Corrientes” donde sostuvo: “Que /os agravios del apelante justifican su examen en la via intentada, pues si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias (…) su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la Institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos que una ordenación o resguardo de competencias…”

La lesión de los derechos de los trabajadores afectados, excluye cualquier otra vía ordinaria para su reparación, cuando la comprobación del derecho denunciado como afectado, es cierto, no dudoso y de fácil exhibición. Es así que el amparo se erige como el ámbito natural para conseguir el cumplimiento de la ley, el resguardo de las garantías constitucionales violadas y el Juicio de inconstitucionalidad de la ley de marras que exige una respuesta jurisdiccional sumarísima.-

VI – DERECHOS CONCULCADOS – Objeto de la Acción de Amparo – La presente acción de amparo tiene por objeto entonces, conseguir de manera expeditiva y a través de la orden judicial de V.S. que el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo mencionada, obrante en el expediente n° 1639238/14, de lo que resultará que los trabajadores de marinaría, maestranza y auxiliar de factoría percibirán el S.A.C. de acuerdo a lo expresamente establecido por el art 122 de la Ley 20.744 y 27.073.-

Siendo que el término “propiedad” empleado por nuestra Carta Magna, comprende todos los intereses apreciables que el hombre pueda poseer fuera de sí mismo, de su vida y su libertad, incluidos todos los bienes susceptibles de valor económico o apreciables en dinero, la integridad de los haberes de los suscriptos, constituye un bien patrimonial propio, rotulado dentro del “derecho de propiedad”, protegido por las normas precedentemente detalladas.-

Vil – MEDIDA CAUTELAR – Las medidas cautelares tienen por finalidad asegurar la igualdad de las partes en el proceso impidiendo en oportunidades la modificación de la cosa objeto del litigio.-

Esas proceden ante un eventual riesgo que modifique la situación de hecho que pueda influir en el pronunciamiento a dictar, lo conviertan en inocuo o de cumplimiento imposible; en suma, no sólo persigue tutelar el derecho deducido por la actora, sino también resguardar la seriedad y eficacia del proceso judicial.-

Para la procedencia de toda medida cautelar es necesario que se cumplan dos requisitos: el peligro en la demora y la verosimilitud del derecho invocado.-

La verosimilitud surge clara a poco que se examine la presente. Un acto administrativo que avasalla derechos consagrados constitucionalmente que componen en definitiva una verdadera confiscación de bienes.-

El peligro en la demora es obvio. Los trabajadores no pueden disponer libremente y de la forma por ley establecida del Sueldo Anual Complementario, proveniente de una resolución administrativa que afecta los derechos de carácter alimentario, importando ello una seria y grave afectación del grupo familiar.-

A la luz de lo previsto por el art. 15° de la ley 16.986 y a su vez, y de conformidad a lo previsto por los arts. 230 y cctes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que habilita su procedencia en este tipo de proceso, indicándose expresamente que podrá “decretarse en toda clase de juicios”, vengo a solicitar se disponga MEDIDA CAUTELAR en la siguiente forma: se ordene al MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN, deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo referido y ordene a las empresas firmantes el pago del S.A.C. correspondiente a los trabajadores de marinería, maestranza y auxiliar de factoría, por todo el plazo no prescripto transcurrido desde la homologación del Acta Acuerdo referido, según lo expresamente establecido por el art. 122 de la ley 20.744 y 27.073; a partir del presente y mientras dura la tramitación del mismo en forma preventiva.-

La verosimilitud del derecho conculcado surge inequívoco de los presupuestos fácticos donde se reseñan claramente el derecho y la violación del mismo, y de los fundamentos jurídicos en que apoyara mi petición.-

Así se ha acreditado “prima facie” la arbitrariedad del acto cuya descalificación se persigue, así como la ilegalidad que lo vicia, ello a fin de demostrar que la llamada “presunción de legalidad” de la que él goza, ha sucumbido.-

Lo hasta aquí expuesto, permite sin más
considerar que nuestro caso presenta verdadera y Justa certeza sobre la bondad de los derechos alegados, a lo cual deberá sumarse lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo 306:2060, donde se ha dicho: “…las medidas cautelares no exigen de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino sólo su verosimilitud. Es más, el Juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad de la medida cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo agota su virtualidad…”

Se da también en el caso el peligro de mantener la situación actual, hasta que recaiga sentencia haciendo lugar al amparo. De lo contrario, el daño que es real se convertiría en infrenable e irremediable. En estas condiciones, una posterior sentencia favorable en autos se convertiría sin más, en abstracta.-

Por otro lado, es imposible obtener la tutela de los derechos por otra medida precautoria, en tanto las otras medidas cautelares contempladas por el Código de rito, no permiten asegurar los derechos cuya cautela se pide en esta acción, en virtud de la naturaleza del objeto.-

Que si bien el derecho se encuentra
debidamente fundado de conformidad a lo expuesto, exclusivamente EN FORMA SUPLETORIA, para el caso que V.S. entendiera como imprescindible el ofrecimiento de una contracautela (art. 199 C.P.C.C.N.), ofrezco desde ya la fianza personal del suscripto.-

VIII – DERECHO – Fundo esta presentación en lo dispuesto por el art. 122 de la Ley 20.744, 27.073 y 14, 14 bis, 17, 18, 43 y concordantes de la Constitución Nacional, Pacto de San José de Costa Rica, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre, ley 16.986, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.-

IX – CASO FEDERAL – Se formula expresa reserva del caso federal para el improbable supuesto que las instancias ordinarias no acogieran la acción de amparo deducida, ya fuera formal o sustancialmente, de conformidad a lo previsto por el art. 14 de la Ley 48, a efectos de recurrir por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por vía del recurso extraordinario, en tanto la flagrante violación de los preceptos constitucionales indicados en esta demanda y normas legales laborales vigentes de los derechos del trabajador.-

X – DECLARACIÓN DE CERTEZA – En virtud del principio procesal de “eventualidad” y para el hipotético caso que V.S. no considere viable los planteamientos formulados a través de la presente acción, y la habilitación de la instancia procesal de la Ley 16.986, accediendo al amparo, formulo expreso pedido de que sea tratada como una petición de “declaración de certeza”, prevista en el art. 322 del C.P.C.C.N., en tanto se trata de uno de los casos contemplados en la citada normal legal (en conformidad con lo resuelto en los casos “Klein” y “Constantino Lorenzo”, CSJN, año 1.985).-

Es preciso que V.S. formule una “declaración de certeza” sobre la situación jurídica, dado que de no prosperar el amparo promovido, sería tal declaración la única forma de dar por tierra con la actual incertidumbre que la violación de derechos genera.-

Y en virtud de la magnitud del derecho
conculcado por el Acuerdo de partes y su Homologación administrativa atacada, expresamente solicito que la “declaración de certeza” de derechos, tramite de acuerdo a las normas de los procesos sumansimos.-

Xl – PRUEBA – Como prueba que hace al derecho de esta parte, sin perjuicio de ampliar la misma, ofrezco:
Documental: copia de designación de Secretario de Seccional, copia del Acta Acuerdo de partes, copia de presentación ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.-

XII – PETITORIO – En virtud de lo expuesto, solicito:

Primero: Se me tenga por presentado y parte en el carácter invocado, por constituido el domicilio legal.-

Segundo: Se tenga por presentado formal Acción de Amparo en los términos del art. 43 de la Constitución Nacional y Ley 16.986, contra el MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA NACIÓN con el fin que se deje sin efecto la homologación del Acta Acuerdo referido y ordene a las empresas firmantes del mismo el pago del S.A.C.correspondiente a los trabajadores de marinería, maestranza y auxiliar de factoría, por todo el plazo no prescripto transcurrido desde la homologación del acuerdo referido, de acuerdo a lo expresamente establecido por el art. 122 de la ley 20.744 y 27.073.-

Tercero: Se tenga por acompañada la prueba documental.-

Cuarto: Se haga lugar a la medida cautelar solicitada en los términos planteados, hasta que se resuelva la presente causa.-

Quinto: Se tenga por formulada la RESERVA DEL CASO FEDERAL-

Sexto: Se tenga presente la solicitud de DECLARACIÓN DE CERTEZA DE DERECHOS proveyéndose favorablemente a la misma y mediante proceso sumarlsimo.-

Séptimo: Se deja constancia que se encuentran autorizados para correr con el diligenciamiento de cédulas, oficios y todo otro trámite judicial referido a estos obrados, el Dr. Gustavo R. Alonso y/o Dra. María Eugenia Alonso y/o Dra. María Agustina Alonso y/o Dra. Sandra S. Guillan y/o Jenny Elizabeth Grill y/o quienes los mismos designen indistintamente, con las más amplias facultades para cumplir su cometido pudiendo actuar en forma conjunta, alternada o indistintamente.-

Octavo: Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar al AMPARO en todas sus partes, con costas.-

Provea V.S. de conformidad;
SERA JUSTICIA.-

RAUL OMAR DURDOS
D.N.I. 8.362.642
S.O.M.U. Secretario Seccional Bahía Blanca

Documentacion original (completa):

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  1. el convenio devienen gravemente perjudiciales a los intereses del trabajador embarcado, ya que ningún trabajador embarcado puede estar más de 90 días a órdenes y resulta inviable que pueda gozar de 6 (seis) meses de francos seguidos, y nunca los haberes percibidos en las distintas mareas que se realizan en un semestre resultan de igual monto.”

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