Energia Corrupta: Julio De Vido, Roberto Dromi y Omar “Caballo” Suarez

En el libro “Argentina Saudita”, el periodista Alejandro Bianchi describe sin rodeos distintos aspectos de la crisis energética y sus negociados con los buques regasificadores, licitaciones, contrataciones y beneficiados del “capitalismo de amigos”, exponiendo la corrupción detrás del negocio del Gas Natural Licuado.

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Enrique Omar Suarez del SOMU y Julio De Vido ex Ministro de Planificacion

Parte del Capítulo 8 “Energía corrupta”.

Roberto Dromi, el rey del gas importado

El responsable de la infraestructura y la energía del kirchnerismo, el ministro de Planificación Federal Julio de Vido, tuvo dos grandes asesores legales: Héctor Masnatta, ex juez de la Corte Suprema entre 1973 y 1976, hasta que falleció en 2007, y Roberto Dromi, una eminencia en derecho administrativo y uno de los ex funcionarios sospechados de corrupción durante su breve paso por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos durante la presidencia de Carlos Menem.

Su corto período al frente de Obras Públicas, la fuente histórica del clientelismo y corrupción peronista, entre julio de 1989 y enero 1991, marcó un antes y un después en la historia del país. Dromi fue uno de los autores de la ley de Reforma del Estado que puso en marcha la década privatizadora de empresas públicas y una ola de denuncias de corrupción. De hecho, Dromi tuvo que dejar su poderoso cargo a raíz de una célebre denuncia de pedido de coima a la empresa Swift, que se conoció como el “Swiftgate”. Le siguieron otras acusaciones de supuesto soborno para la licitación de rutas y del sistema de peaje para los accesos a la ciudad de Buenos Aires por las que no fue condenado.

Declaraciones falsamente proféticas como la que hizo a la revista Gente en 1990: “Habrá trenes que correrán a 200 kilómetros por hora en dos años, lo garantizo”, marcaron a fuego su gestión y le ganaron el rechazo público. Sin embargo, su llegada a los espacios más exclusivos del poder político y de las empresas permaneció intacta después de su renuncia forzada.

La devaluación del peso y la pesificación de las tarifas de los servicios públicos en 2002 dieron vuelta el negocio de las empresas privatizadas durante la era de Menem. Su razón de ser había sido una tarifa en un país en el que un peso equivalía a un dólar y eso ya no existía. Nadie conocía mejor que Dromi el entramado legal de las privatizaciones porque él mismo lo había armado. Nadie mejor que Dromi, entonces, para asesorar a las dos partes que debían reconvenir sus condiciones en una economía prácticamente quebrada por la crisis socioeconómica tras la salida del gobierno de Fernando de la Rúa.

Si los años junto a Menem no habían sido suficientes, Dromi logró hacerse millonario durante la década kirchnerista. Hoy preside cuatro empresas: Roberto Dromi Consultores Asociados, que engloba al estudio legal y a un negocio de importación de libros desde España; Diligentia SA, una consultora especializada en infraestructura y energía; y Dysan SA, otra consultora con sede en el 75 de la calle Velázquez en Madrid, donde reside su hija Laura. Su hijo Nicolás también pasa gran parte de sus días en España, donde atiende personalmente una larga clientela de empresas. El otro emprendimiento de los Dromi es 3i Inteligencia en Información e Imagen, especializada en encuestas de opinión pública y producción de programas de comunicación periodística en radio y televisión. Pero en la Argentina el mejor negocio siempre ha sido el dólar, y en 2009 Dromi se metió de lleno en la importación de gas envasado, cuya única moneda de pago en el mundo es, precisamente, el billete estadounidense.

La crisis energética en la Argentina a partir de 2003/2004 llevó a hacer a las apuradas tanto las compras de gas en barco como la preparación de la infraestructura para que ese combustible llegara a las industrias y a los hogares. El gobierno pagó el gas muy caro porque compró lo que estaba disponible en ese momento. En cualquier mercado pero sobre todo en el energético, que cuenta con una logística internacional, es mucho más barato comprar con antelación y de manera programada. Varios políticos y empresarios aprovecharon esta urgencia para agregar comisiones a un precio final alto justificado por la necesidad.

El invierno de 2007 fue el más frío de los últimos cincuenta años en la Argentina. Llegó a nevar en la ciudad de Buenos Aires y hubo frecuentes cortes de gas a industrias e incluso a las estaciones de servicio de GNC, políticamente intocable por ser el combustible barato de taxis, remises, camiones distribuidores y autos particulares. El gobierno se propuso no repetir la experiencia en 2008, pero las condiciones no ayudaban: la producción petrolera caía mientras aumentaba la demanda, el fuel oil importado de Venezuela no alcanzaba y Bolivia no podía proveer más gas por gasoducto debido a sus propias limitaciones de producción y exportación.

El gobierno argentino no quería paralizar a la economía y le pidió ayuda a Repsol YPF. La plana directiva española exigió dos proyectos a sus gerentes para sacar al país del ahogo energético, ambos de aplicación inmediata. Así surgió el plan de Luis Alberto Santos, un ingeniero con veinte años de carrera en YPF, que dirigía la división de gas natural, para traer gas envasado en barco.

El proyecto fue inédito en el mundo. Consistía en instalar un barco regasificador en el puerto de Bahía Blanca y, a través de mangas, conectarlo con el barco que traía el gas natural licuado envasado. El primero transformaba el cargamento en estado gaseoso y lo inyectaba a la red nacional a través de otra manga que se conectaba con un gasoducto. Era un desafío enorme: dos embarcaciones de entre dos y tres cuadras de largo pasaban a atracarse de manera paralela durante al menos cinco meses al año.
Era la primera experiencia de transferencia de gas en el agua de barco a barco (ship to ship transfer) en América del Sur y la primera de manera permanente en el mundo. En Estados Unidos y México se habían realizado operaciones similares solo en casos de emergencia.

La presión del gobierno por instalar el mecanismo antes de que llegaran los primeros fríos de 2008 atentaba contra la seguridad de la zona. El barco regasificador iba a instalarse en el polo petroquímico más importante del país y una falla en la operatoria podía hacer explotar el puerto de Bahía Blanca.
También había que salir a buscar de apuro a todos los proveedores a contramano del funcionamiento regular del negocio de exportación-importación de gas por barco, que trabaja con contratos a mediano y largo plazo para asegurarse la provisión y obtener mejor precio. El único barco disponible estaba en manos de Excelerate Energy, una empresa mediana estadounidense a punto de quebrar. La Argentina contrató directamente el barco regasificador con la primera carga de gas porque, dicen quienes estuvieron involucrados en la gestión, la premura energética no podía esperar una licitación pública. El gobierno invirtió cuarenta millones de dólares para comprar las mangas y armar la infraestructura para conectar el gas a la red.

La importación de gas era el parche más rápido y el más caro. El gobierno pagaba entre 0,50 centavos de dólar y 1,25 dólares el millón de BTU de gas a las petroleras que lo sacaban de los pozos argentinos y entre 14 y 17 dólares el millón de BTU por el gas que venía en barco traído por empresas extranjeras más los gastos portuarios y el mantenimiento de la regasificación. Fue un parche efectivo en el corto plazo pero a la larga ineficaz al profundizar la política energética nacional de dependencia del combustible importado.

Enarsa, la empresa petrolera estatal creada por Guillermo Moreno cuando era secretario de Comercio e ideada para ser la nueva YPF, tomó el control de las importaciones de gas natural licuado. Exequiel Omar Espinosa, el presidente de la empresa colocado a dedo por De Vido, y Roberto Baratta, número dos en Planificación, fueron quienes tomaron las decisiones día a día.

El barco de Excelerate llegó a Bahía Blanca al mediodía del 29 de mayo de 2008. La presión del gobierno había sido tal por el temor a un apagón energético que muchos ejecutivos de Repsol YPF se emocionaron hasta las lágrimas, literalmente, cuando vieron atracar a la embarcación. Hubo que sortear, también a contrarreloj, obstáculos impositivos, ambientales y conflictos con los gremios (capitanes, electromecánicos, electricistas y obreros marítimos) que iban a participar de la operatoria. Según De Vido, esa importación iba a ser transitoria, solo para pasar el invierno y sostener el crecimiento de la economía y el nivel de empleo.

Repsol YPF se ocupó de contratar los barcos y de poner a operar las plantas regasificadoras luego de establecer una Unión Transitoria de Empresas con Enarsa, que pagaba la cuenta con fondos públicos. Las primeras importaciones se hicieron sin licitación pública, solo con un “cotejo de precios” en el que se convocaba a oferentes y se elegía uno tomando como referencia el valor del gas en Estados Unidos. Solo en 2008 se gastaron 270 millones de dólares en la importación de gas envasado sin ningún tipo de control.

El primer proveedor del Estado argentino fue Repsol, que en ese momento controlaba la mayoría accionaria de YPF y era uno de los principales jugadores del mercado mundial del gas natural licuado a partir de su centro de producción y envasado en Trinidad y Tobago. Esa fue la primera paradoja: la empresa que se ocupaba de la infraestructura del negocio y cobraba por eso también era proveedora. El gobierno argentino hizo caso omiso de la responsabilidad de Repsol en la caída de la producción de YPF y le dio directamente el negocio en dólares de la importación de gas, mucho más cara que la producción en el país.

Al duplicarse la necesidad de cargas de gas importado hicieron falta más proveedores. También dejó de ser sostenible el argumento de la emergencia para justificar las compras directas a un solo proveedor. Además, lobbistas y empresarios golpeaban las puertas de los despachos del gobierno para entrar en el floreciente negocio.

Recién hacia fines de 2009 comenzaron las licitaciones públicas de Enarsa. Se sumaron nuevos proveedores, todas caras amigas del gobierno nacional. Repsol, por ejemplo, aumentó su facturación cuando Gas Natural Fenosa, de la que controla el 30% de las acciones, también comenzó a importar gas en barco.

Varias empresas, intermediarios del comercio de energía y empresarios preguntaron por las condiciones para participar en las licitaciones para la compra de gas natural licuado, pero desde el Ministerio de Planificación y Enarsa les sugirieron muy amablemente que era un negocio para otros y que se abstuvieran de presentar ofertas.

Entre las caras amigas también apareció la división de compraventa de materias primas del banco Morgan Stanley de la mano de la consultora Dysan de Roberto Dromi, que ya era asesor de De Vido aunque el ministro lo desmintiera. Ex funcionarios de Planificación me aseguraron que ante cualquier duda con un tema legal, el ministro ordenaba que lo consultaran con el ex funcionario de Menem.

Enarsa obligaba a los proveedores a tener un representante en el país, cuyos honorarios también pagaba el Estado. La firma estatal justificó esa figura del intermediario con el desconocimiento argentino del mercado del gas importado y la supuesta necesidad de negociar cara a cara con alguien local. Mediante esos honorarios se blanquearon cifras enormes de comisiones, que en el caso de Dromi llegaron a ser de hasta dos millones de dólares por barco importado.

En 2010 se importaron veintidós buques y el negocio daba para mucho más gas y muchos más intermediarios.
El gobierno armó otra planta regasificadora flotante en Escobar, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde el lecho del río Paraná no es tan profundo y solo permite el ingreso de barcos más chicos, a pesar de que la recomendación de los expertos era montarla más al sur de Bahía Blanca, en Punta Alta, porque el mayor calado en la zona permite el ingreso de barcos más grandes.

El intendente de Escobar en ese momento, Sandro Guzmán, fue un gran aliado. Antiguo secretario de gobierno del ex intendente-comisario Luis Patti, Guzmán había ganado las elecciones a intendente en 2007 con apenas el 31,8% de los votos y estaba muy golpeado por la condena a prisión de su ex jefe por violación a los derechos humanos. Básicamente necesitaba un nuevo sostén político y económico para su gestión que le permitiera despegarse de Patti.

El Ministerio de Planificación buscaba un intendente manipulable y ejecutivo a la vez, que garantizara que la planta pudiera estar rápidamente en funcionamiento. De Vido tanteó a varios jefes de comunas con salida a ríos y ninguno quiso jugarse el pellejo político por un proyecto demasiado polémico en términos ambientales: el gas natural licuado se transporta a 161 grados centígrados bajo cero y está 600 veces más concentrado que el gas de red, por lo que un accidente puede afectar un territorio de hasta cuarenta kilómetros.

El argumento del gobierno para instalar otro barco regasificador de Excelerate en Escobar, también sin licitación pública, fue la necesidad de proveer más gas a las provincias del centro-norte del país. Guzmán tomó el desafío y cumplió. Con los vecinos distraídos en pleno Mundial de Fútbol de 2010, el 14 de julio logró que el Concejo Deliberante de Escobar aprobara sobre tablas y por unanimidad la rezonificación del área donde se armó la segunda planta regasificadora flotante de “residencial-recreativa” a “industrial categoría 3”, que permite el manejo de sustancias peligrosas. Semejante modificación no tuvo audiencia pública, como indica la ley municipal.

Un grupo de vecinos y ONG demandaron penalmente al ex secretario de Energía, Daniel Cameron, porque no se tomaron en cuenta los riesgos ambientales ni se hicieron estudios previos. De hecho, la inconveniencia geográfica de la zona se hizo evidente en cuanto se debieron trasladar toneladas de tosca para rellenar un terreno que era inundable y muy húmedo entre los kilómetros 74 y 75 sobre el río Paraná de las Palmas. Por ahora la causa no ha tenido avances.

Guzmán recibió, entre otras cosas, más de 109 millones de pesos del Ministerio de Planificación para obras de pavimentación de la ruta 25, alumbrado y 274 viviendas, la promesa de terminar el hospital de Garín y la instalación de una planta potabilizadora de agua. Hubo varias reuniones con De Vido, muy destacadas en los cables de prensa de la agencia oficial Télam, en las que, por ejemplo, el ministro recalcó en septiembre de 2012 “la excelente gestión que lleva adelante Guzmán en Escobar, donde cada peso girado por el gobierno nacional se ha convertido en soluciones concretas para los vecinos”.
El dinero prometido llegó a medias y muchas obras ni siquiera se iniciaron. Guzmán, decepcionado, se pasó al bando enemigo en las elecciones legislativas de 2013. Fue candidato testimonial desde su lugar de intendente y fue electo diputado nacional por el Frente Renovador de Sergio Massa, su nuevo referente político. También dejó atrás su pasado trabajador como maestro mayor de obras y vive en un barrio cerrado en Escobar. Asumió su nuevo cargo en diciembre de ese año pero su paso por la Cámara Baja fue intrascendente. Un año después, en diciembre de 2014, volvió en silencio a la intendencia de Escobar de la que había pedido licencia.

Pero la lealtad a Massa también fue efímera. En marzo de 2015, entusiasmado con la vuelta al poder municipal, se planteó reelegirse. Su referente político no vio con buenos ojos esa iniciativa y volvió a cruzar de vereda. Una foto con el jefe de Gabinete Aníbal Fernández selló el regreso de Guzmán al Frente para la Victoria, con la promesa de fondos, sin una cifra concreta esta vez, para obras públicas.

El gas importado no distingue por procedencia.

En el marco de una gira de Cristina Fernández a Medio Oriente, Enarsa llegó a firmar además un preacuerdo de abastecimiento con la empresa Qatar Gas por veinte años. Los hermanos Cirigliano, en ese momento dueños de TBA, la empresa concesionaria de los ramales ferroviarios Mitre y Sarmiento, exportaban colectivos a Qatar y actuaron como nexo. Una delegación de qataríes viajó dos veces a la Argentina pero volvió espantada a su país por la falta de seguridad de las instalaciones en Bahía Blanca y Escobar y los manejos poco claros que rodeaban el negocio.

De Vido también “recomendó” a Dromi para trabajar con Gas Natural Fenosa, en ese momento la gran ganadora de las licitaciones junto con Repsol. El ministro de Planificación tenía trato directo y muy buena relación con Salvador Gabarró, presidente de esa empresa, la única que había recibido un aumento de tarifas en su concesión de distribución de gas en las zonas norte y oeste del Gran Buenos Aires. En la firma española dicen que siempre ganaron compulsas gracias a sus precios competitivos y que no hay registros de haber trabajado con Roberto Dromi. Sin embargo, en el sitio dromi.com.ar, en el apartado de la firma Dysan, figuran como clientes Gas Natural Fenosa y la misma Enarsa.

Dromi pasó a ser el número uno de un negocio que triplicó sus cifras en apenas un año: las importaciones pasaron de 502 millones de dólares en 2010 a 1.645 millones en 2011. De ese total, Repsol y Gas Natural tuvieron una participación del 23% y 33% respectivamente, mientras que Morgan Stanley-Dysan incrementó la suya al 35%, equivalente a más de 500 millones de dólares en facturación.

La importación de gas tiene un atractivo adicional para los proveedores: se paga por adelantado y si el pago no está acreditado, el gas no se descarga. Esta obligación, que servía para un país con malos antecedentes como pagador, perjudicó todavía más a la macroeconomía argentina. Ante la caída de ingresos e inversiones en dólares del país, la exigencia de pagar por adelantado fue otra de las razones que precipitó el cepo cambiario y las restricciones a las compras de divisas a partir de 2011.

No hay ningún otro contrato ni negocio de privados con el Estado que equipare la compra de gas envasado al exterior. El 28% del gas que se consume en la Argentina es importado (contando también el que ingresa de Bolivia por gasoducto) y esa importación ya supera los 4.000 millones de dólares en cien barcos contratados por año que resultan indispensables para que el país funcione. En total, entre 2008 y 2014 se gastaron alrededor de 15.000 millones de dólares y se seguirá comprando gas en barco por, al menos, otros diez años. O sea, el negocio es y seguirá siendo gigantesco, gobierne quien gobierne, hasta que se recupere el autoabastecimiento.

Los errores y la improvisación en la política energética terminaron siendo catastróficos en términos económicos pero muy funcionales a la corrupción. Es inevitable preguntarse si esa combinación fue el resultado de impericia, de enajenación deliberada del patrimonio estatal o de ambas cosas.
Con Dios y con el diablo

La expropiación de YPF colocó a Roberto Dromi entre la espada y la pared. El mentor de las privatizaciones, asesor de las principales empresas españolas en el país y, al mismo tiempo, asesor de Julio de Vido tuvo que definir de qué lado estaba. El ministro le había pedido un plan para que el gobierno argentino recuperara el manejo de la empresa petrolera. De Vido no tenía en su equipo a nadie con el conocimiento legal y el cerebro político de Dromi, y el abogado mendocino entendía que la cercanía al poder era la clave para acrecentar más sus negocios, fuera con los privados o con el Estado. Su distintivo era justamente venderse como nexo entre las dos partes, y cobrarles a ambos.

Dromi le presentó a De Vido distintas opciones de reestatización moderada a través de la compra de una parte de las acciones a Repsol y a Eskenazi pero sin entrar en una expropiación abrupta. A fines de 2011, después de la reprimenda de la presidenta Cristina Fernández a Enrique Eskenazi, jefe del clan familiar y presidente de YPF, por la creciente caída de la producción petrolera, Dromi empezó a hacer pública su postura. Expuso como invitado en el acto de clausura del Congreso de la Asociación Petroquímica y Química Latinoamericana que tuvo lugar en la primera semana de noviembre de ese año en el hotel Hilton de Buenos Aires. “El Estado tiene que asociarse a YPF para conducir la estrategia de un recurso crítico. Que Eskenazi quede como CEO, eso no es problema. Repsol, que se quede como socio si quiere. Pero el Estado Nacional se tiene que asociar a YPF para aportar capital y áreas petroleras, y Repsol tiene que vender acciones”, sentenció en esa ocasión. Cinco meses después, su proyecto moderado mutó en la decisión de “ir por todo”.

Cinco días antes del anuncio de la expropiación de YPF en abril de 2012 hubo un encuentro secreto en Punta del Este entre el presidente de Repsol, Antonio Brufau; su mano derecha y abogado clave de la petrolera, Luis Suárez de Lezo; Sebastián Eskenazi (hijo de Enrique y en ese momento todavía gerente general de YPF) y Roberto Dromi. Javier Monzón, presidente de Indra, otra empresa española que pisa fuerte en la Argentina, fue el responsable de juntar a las partes. Monzón es amigo personal y cliente de Dromi. En ese encuentro, que terminó de confirmar la llegada de Dromi al Ministerio de Planificación, a Brufau y Suárez de Lezo les quedó claro que no había vuelta atrás en la toma de control de YPF por parte del gobierno kirchnerista. Hubo otras dos reuniones en Buenos Aires con el mismo resultado. Los españoles estaban desesperados por llegar a un acuerdo para proteger su activo y no sabían cómo torcer la decisión de la Casa Rosada.

Cristina Fernández ya conocía a esa altura el potencial enterrado de Vaca Muerta y lo que eso significaba para el papel de la Argentina en el mundo. Su influyente ministro de Economía, Axel Kicillof, fue quien más la impulsó a hacerse de un recurso energético y una renta fundamental para las cuentas públicas. En la vereda de enfrente la resistencia era frágil: los accionistas de YPF —tanto los españoles como los Eskenazi— tenían pocos argumentos para mostrar más allá de la rentabilidad de la empresa. La producción de la compañía energética más importante del país venía en caída desde hacía años, generando un efecto contagio en el resto del sector.

Cuando Dromi entendió hacia dónde soplaba el viento político y que la estatización era un hecho consumado, se bajó del rol de mediador, giró completamente a favor del kirchnerismo y abandonó a Repsol YPF, que era uno de sus principales clientes en el país. Como era de esperar, se ganó la enemistad de Repsol, especialmente de su presidente Antonio Brufau, quien no paró hasta hacerle daño donde más le duele a Dromi: los negocios.

Brufau inició una campaña para correrlo de todos los intereses españoles posibles en nuestro país. Como el ejecutivo es también vicepresidente de Gas Natural Fenosa, pataleó en varias reuniones de directorio para que la empresa gasífera cancelara sus contratos de importación con la Argentina y para que el ex ministro de Menem fuera desplazado como asesor. Logró parte de su objetivo en la asamblea del 30 de noviembre de 2012. Gas Natural Fenosa le siguió vendiendo gas en barcos a la Argentina pero dejó de lado los servicios de asesoría legal, “gestión empresarial”, “asistencia regulatoria” y “contrataciones con el Estado” que le proveían las consultoras de Dromi.

De Vido versus Kicillof por la caja de Enarsa

La renuncia “indeclinable por razones personales” de Exequiel Espinoza a la presidencia de Enarsa un mes después de la expropiación de YPF fue otro hecho que modificó el negocio de la importación de gas. A los pocos meses, Luis Santos, el ingeniero de YPF que creó el esquema de compras al exterior, también se fue de la petrolera.

Espinoza había sobrevivido en su cargo mucho más de lo esperado. El presunto empresario venezolano Alejandro Antonini Wilson, al que le decomisaron una valija con 790.550 dólares en Aeroparque en la madrugada del 4 de agosto de 2007, llegó a Buenos Aires en un avión privado alquilado por Enarsa.
En el vuelo estaba sentado a dos asientos de distancia de Espinoza. En su momento, el respaldo de De Vido y la necesidad de tapar el caso fueron clave para mantenerlo al frente de la petrolera estatal. Pero Kicillof avanzó posiciones y puso tropa propia en puestos decisivos para el manejo de la energía. Lo hizo en YPF, en la administradora de los subsidios eléctricos Cammesa, en la secretaría de Energía y en Enarsa. Su gente de confianza lo alertó acerca de las irregularidades y el ministro hizo llegar sus objeciones a la Casa Rosada.

El último en irse del directorio de Enarsa fue José Ramón Granero, un odontólogo santacruceño amigo de Néstor Kirchner, ex diputado nacional, ex vicegobernador de la provincia y ex director de la Secretaría Nacional de lucha contra el Narcotráfico (Sedronar) entre 2004 y 2011. A fines de julio de 2014 presentó su renuncia después de ser procesado por la jueza María Servini de Cubría por haber autorizado la importación de cuarenta toneladas de efedrina que fueron desviadas al narcotráfico.

La sociedad con “el Caballo” Suarez del SOMU.

Al desagregar los gastos de la importación de gas natural licuado las cifras tampoco cierran. La Argentina paga entre 14 y 17 dólares el millón de BTU mientras que España, otro gran importador de gas por barco, desembolsa la mitad, entre 7 y 9 dólares. En la Casa Rosada dicen que nuestro país paga más porque está más lejos de los centros de abastecimiento de gas y por la desconfianza como pagador tras el default de la deuda externa de 2001. Pero los expertos en energía atribuyen el sobrecosto a retornos políticos muy difíciles de probar.

Además son llamativos los costos locales de la operatoria, la otra parte del negocio que sirvió para aceitar la relación del kirchnerismo con el sindicalismo históricamente peronista. Si se toman en cuenta los gastos de las operaciones de los buques regasificadores y de las maniobras de servicios marítimos y logística portuaria, el país gasta entre 450.000 y 550.000 dólares por día por todo concepto en los puertos de Bahía Blanca y Escobar. En Brasil esos costos portuarios no superan los 250.000 dólares por día de operación, y son mucho menores en Europa. Este sobrecosto que queda en manos de sindicatos alineados con la Rosada le permitió al gobierno controlar el juego de poder en la CGT y, luego de la ruptura con Hugo Moyano, plantearle un contrapeso importante en el manejo del movimiento obrero.

Por ejemplo, el movimiento permanente en los puertos es un doble beneficio para el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), dirigido por Enrique Omar “el Caballo” Suárez. Los barcos regasificadores permanecen atracados todo el año en los puertos de Bahía Blanca y Escobar y los que traen carga desde el exterior llegan cada vez más llenos. Gracias a una norma portuaria nacional, el SOMU puede colocar personal en ambas embarcaciones cuando amarran más de treinta días en el país.

De esa forma, se duplica innecesariamente la tripulación en los barcos. Los obreros marítimos argentinos miran, los extranjeros trabajan, y el sindicato cobra los jugosos aportes patronales. La cuenta final en dólares que pasa el proveedor de gas contratado la paga el Estado. Suárez, a quien la Presidenta reconoció como “uno de sus favoritos”, fue procesado en diciembre de 2014 por ordenar en seis ocasiones a sus marineros que no remolcaran o que impidieran la navegación de grandes buques de combustible para extorsionar a las empresas navieras.

Al mando de su gremio desde 1992, el “Caballo” fue uno de los primeros sindicalistas en animarse a decirle no a la CGT opositora de Moyano cuando el líder camionero rompió con el kirchnerismo. Disputas de poder y diferencias en el financiamiento de la deuda de las obras sociales entre Néstor Kirchner y Moyano quebraron la alianza que fue uno de los sostenes de gobernabilidad del matrimonio presidencial durante los primeros ocho años en el poder.

Los gestos de lealtad política como los del “Caballo” se pagan y se cobran. En 2010 el SOMU junto con el Centro de Capitanes de Ultramar y el Centro de Patrones Fluviales se quedaron con el 30% de la casi quebrada empresa Maruba gracias a un crédito de 40 millones de dólares del Banco Nación. El canje de acciones por la gestión del crédito estatal nunca quedó del todo claro pero lo cierto es que los sindicatos del sector pasaron a ser también accionistas de una compañía naviera.

Maruba fue una de las empresas contratadas por Enarsa para el traslado de los barcos con combustible líquido para las usinas eléctricas del interior. Pero también aparece vinculada con el narcotráfico. Según la investigación del periodista Gustavo Sierra, que publicó en su libro Sinaloa-Medellín-Rosario, en 2006 llegaron al puerto mexicano de Manzanillo 35.000 kilos de efedrina embarcados en un buque de Maruba. En junio de 2011, en ese mismo puerto dominado por los narcos de Sinaloa, en el barco Simmons, también de Maruba, se decomisaron 60 toneladas de precursores químicos contrabandeados desde Buenos Aires. Un año después, las autoridades españolas encontraron en el Maruba Europa, atracado en el puerto de Valencia, un cargamento de cocaína que había sido embarcado en Rosario.

Es evidente que el rol de sindicalista-empresario le sentó muy bien a Suárez. Después de la experiencia muy rentable en Maruba, se asoció con Ricardo Cazou en la empresa Abadía del Mar SA y con esa firma entraron en el negocio de remolque de los barcos que llevan el preciado gas al puerto de Escobar, que mueve unos 30 millones de dólares al año.

En total hay al menos nueve empresas relacionadas directamente con Suárez o en las que figuran personajes ligados con el gremio o su familia, según una investigación del programa Periodismo Para Todos. Además están Elite Viajes, que preside la hija del presidente de la obra social del SOMU y cuyo director suplente es el propio Suárez; San Jorge Marítima, que preside el tesorero del gremio, Juan Manuel Medina, y donde Suárez es vicepresidente y su hijastra es tesorera; Naves Marinas Argentinas, presidida por Medina y cuyo director suplente es Jorge Suárez, sobrino del titular del SOMU. Otra de las empresas es Pescamarine, que encabeza Alfredo Barrientos, el secretario privado de Suárez y cuyo director suplente es, otra vez, Jorge Suárez.

En Aerospace Cargo la directora suplente es la esposa de Suárez, Andrea Bellezza; en Malonot, una empresa de limpieza que le presta servicios al SOMU, la hijastra de Omar Suárez era directora; en Consultora Integral en Salud, que preside Jorge Manuel Villahoz, gerente de la obra social del SOMU, Barrientos se desempeña como director suplente. Casi todas fueron creadas con sede en la misma dirección, avenida Belgrano 1667, en la vieja sede del SOMU.
En definitiva, Kicillof le ganó la pulseada a De Vido. Le sacó una caja fenomenal en dólares y sumó otro espacio de poder. La reestatizada YPF pasó a licitar en forma privada la compra de gas, la contratación de flota de transporte marítimo y los servicios accesorios “a cuenta y orden” de Enarsa. El procedimiento ahora lo maneja Galuccio y su equipo bajo la supervisión de los funcionarios que responden a Kicillof. El negocio es el mismo: búsqueda de proveedores, negociación de precios, contratación de cargas, gestión del transporte marítimo y coordinación de la entrega del gas a las terminales de Bahía Blanca y Escobar. La cuenta, como siempre, la sigue pagando el Estado.

Llamativamente, aunque las compras se realizan en teoría a través de una licitación privada con una supuesta compulsa por precio y tiempo de entrega, con más oferentes y ya sin la obligatoriedad de tener un “representante local”, la cláusula 10 de confidencialidad del contrato tipo de YPF para proveer gas obliga a las partes a mantener en secreto incluso “las órdenes e instrucciones, así como los secretos técnicos y comerciales”.

Aunque Enarsa es una empresa 100% estatal y en YPF el Estado es accionista, los contratos de compra de gas natural licuado no son accesibles de forma pública. Los sospechosos gastos portuarios nunca se modificaron.

En las últimas licitaciones de gas que hizo Enarsa en 2010, los proveedores acercaban las ofertas por escrito y los resultados al menos eran informados. Ahora YPF ya no da a conocer los resultados y las ofertas se hacen por medio de un correo electrónico encriptado. Una de las respuestas que esquivó dar el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, ante una pregunta del senador radical Ernesto Sanz, fue relativa a ese punto: ¿el traspaso de la gestión de las compras multimillonarias de gas de Enarsa a YPF es una forma de evitar la auditoría del Congreso, dada la composición accionaria de las dos compañías? YPF no es monitoreada por la Auditoría General de la Nación (AGN) porque se conservó como sociedad anónima privada en la que el Estado es uno de los accionistas. Ese organismo de control justamente publicó un informe sobre energía en diciembre de 2013 y confirmó la corrupción en Enarsa, a la que calificó como un “agente importador que paga sobreprecios”.

También se encontraron diferencias sin conciliar por varios cientos de millones de dólares con los depósitos informados por el Tesoro Nacional para el pago de gas importado. Según la AGN, “la información suministrada por las planillas de Enarsa presenta una seria insuficiencia respaldatoria” porque Enarsa no controlaba cuánto traía cada cargamento. El informe muestra que los precios del gas licuado aumentaron progresivamente de 14 a 17 dólares por millón de BTU a pesar de que el marcador de referencia más utilizado internacionalmente (el valor del gas en Estados Unidos, que se conoce como Henry Hub) se mantuvo estable e incluso disminuyó para algunos de los períodos involucrados. La AGN observó que Enarsa “no controla ni supervisa las operaciones de regasificación”. Así se explica la corrupción en una empresa estatal que en la práctica solo funciona como intermediaria de negocios vinculados con la energía, que gasta miles de millones de dólares por año y que no rinde cuentas a nadie.

El ministro de Planificación controlaba Enarsa y la importación del gas hasta que su par de Economía desplazó a toda su gente y le pasó a YPF la compra del gas importado. Esa decisión avivó el fuego de la interna De Vido-Kicillof-Galuccio, en la que está en juego un negocio enorme manejado con libertad y discrecionalidad.

La reaparición pública de Roberto Dromi el 18 de octubre de 2014 no fue casual. Ese día el diario La Nación publicó una entrevista al ex ministro neoliberal devenido nacionalista, todavía fiel a De Vido, que sorpresivamente volvió a hablar en un diario opositor al gobierno después de dos años de silencio. Dromi sangró por la herida por haber quedado fuera del negocio: “[Los barcos] los trae YPF, paga Enarsa, pero contrata YPF. Ese contrato se ha hecho en inglés, con cláusulas secretas, con claves blindadas y nadie conoce el pliego, ni el precio, ni nada. No se sabe. Si lo encontrás, me avisás”.

Dromi admitió que durante cinco años asesoró a Gas Natural Fenosa mediante un contrato de agencia. “Yo nunca le cobré al gobierno. Jamás. Gas Natural Fenosa me pagaba un honorario”, dijo, y agregó que ahora se abstiene de participar debido a las complicaciones y la falta de transparencia en los contratos actuales de la petrolera que dirige Miguel Galuccio.

Hay tanto en juego que la empresa acusada respondió ese mismo día mediante un comunicado oficial. “YPF no va a permitir que los beneficiarios del sistema anterior pongan en duda las reglas vigentes y el actual procedimiento de compra con la única finalidad de volver a instaurar un sistema que le rindió sus réditos personales en perjuicio del país.” La petrolera no aclaró que “los beneficiarios del sistema anterior” todavía siguen activos y son parte de este mismo gobierno.

Por último está Enarsa, la pieza clave en el entramado de la importación de gas, que se toma su tiempo para rendir cuentas. Recién en septiembre de 2013 presentó ante la Inspección General de Justicia los balances adeudados de 2009, 2010 y 2011, violando la ley de sociedades comerciales que establece que debe hacerse una vez terminado el año contable. Todavía debe los balances de los años siguientes.

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