El SOMU y su dirigencia de espaldas a sus trabajadores (una imagen vale mas que mil palabras)

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"El pueblo marchara con los dirigentes a la cabeza, o con la cabeza de los dirigentes" Juan Domingo Peron

El 31 de marzo se llevo a cabo una jornada historica para el sindicalismo argentino. Uniendo fuerzas y unificando reclamos distintos sectores y centrales de trabajadores. El paro general tuvo un altisimo acatamiento en todo el pais. Con un ingrediente irrefutable y trascendental, en este caso, algunos gremios oficialista, empujados por sus bases, debieron sumarse al paro o en algunos otros casos dar libertad de accion a sus seccionales y afiliados, como la UOM de Antonio Calo.

La dirigencia del SOMU, encarnada en la piel de Enrique Omar Suarez parece haber optado en estar mas preocupados por “salvar” a Suarez de sus graves problemas judiciales y del descontento de sus afiliados como sea, aunque eso requiera recurrir a todo tipo de humillacion publica.

A pesar de ser el SOMU uno de los gremios del transporte en que sus afiliados sufren constantemente su perdida del poder adquisitivo por el impuesto al trabajo y la perdida constante de fuentes laborales como consecuencia de un sector maritimo, que mas alla de los discursos, no tuvo ningun tipo de inversion, y si un negocio muy productivo para funcionarios y afines. “El Caballo” Suarez y la dirigencia del SOMU eligieron, una vez mas, dar la espalda a sus afiliados y al movimiento obrero organizado.

El mismo dia del paro general, 31 de Marzo, se pudo ver al Secretario General del SOMU en el acto del gobierno en el partido de La Matanza, alli mismo la presidenta Cristina Fernandez cargar contra el movimiento obrero organizado, minimizando el reclamo de las centrales sindicales, e inclusive acusando de “egoísmo” a los trabajadores que pararon el 31 de Marzo. La presidenta lo sintetizó cuando se dirigió por cadena nacional: “Los que tienen un trabajo bien remunerado tienen que ceder un poco de su sueldo para otros compañeros. Si no lo hacen, razonan como oligarcas”.

Así, con este discurso, apunto una vez mas a dividir a la clase trabajadora entre “egoístas y solidarios” (o entre “privilegiados y trabajadores comunes”). Según esta óptica, el alto funcionario estatal o directivo de empresa que gana $100.000 por mes, y paga ganancias sin chistar, tiene  “conciencia solidaria”, mientras que el obrero que gana cinco veces menos y protesta por el impuesto, es “egoísta” y con “mentalidad de oligarca”. Una división que se fomenta con el discurso, pero tiene su correlato en la política diaria: el gobierno ha intentado dividir a los movimientos sociales, a los sindicatos, los centros de estudiantes, los organismos de defensa de los derechos humanos y otras entidades populares, utilizando el poder del Estado. Por ejemplo, discriminando en el otorgamiento de los planes sociales a las organizaciones sociales que se mantienen críticas al gobierno. Y tambien utilizando la millonaria deuda que mantiene el Estado con las Obras Sociales como parte de un chantaje negociador.

En consecuencia, el discurso del gobierno está conectado a una lógica antipopular típica de una clase dominante: sembrar divisiones y recelos al seno de la clase trabajadora, para debilitarla. A su vez, el discurso también encaja en la idea de que la lucha no es contra el capital, sino contra “los grupos económicos” (que no son los Lázaro Baez, los Cristóbal López, los Chevron, los Monsanto, las Barrick Gold, los Vila-Manzano, los Toyota, los Grobo…); contra el capital financiero (excluir a Old Fund); contra los paraísos fiscales (exceptuando las cuentas en Suiza, Panama, Nevada, etc de los funcionarios o sindicalistas afines); y contra los “buitres” (aclaración imprescindible: no es “buitre” aquel “enterado” que compró bonos de la deuda pública totalmente devaluados, entró en el canje y multiplicó ganancias que no pagan impuestos a las ganancias). ¿Y qué hay de los funcionarios que se enriquecieron comprando tierras fiscales a precios viles y vendiéndolas por un precio 10 veces superior? ¿O de los que ganan millones adjudicando obra pública? ¿Están en el bando de los “egoístas”? Negativo: ellos juntan millones para luchar contra los “grupos económicos”, el capital financiero, los paraísos fiscales y los buitres. Lo cual no impide denigrar por “buitre” al jubilado que hace juicio al Estado porque este le paga mucho menos de lo que corresponde.

En definitiva. No hay clases sociales, ni explotadores ni explotados; simplemente “buitres, egoístas y oligarcas”, curiosamente el gobierno coloca en esa categoria al movimiento obrero organizado, “la columna vertebral” del peronismo, aquellos que estaban en las calles peleando contra las dictaduras, las privatizaciones y las medidas antipopulares de los distintos gobiernos democraticos, entre los cuales muchos actores politicos actuales pasaron por todas esas etapas pero cumpliendo un rol distinto al del movimiento obrero.

Con esa logica gubernamental, la antitesis a todo eso son los “nacionales, solidarios y populares”, el gobierno coloca en esas categorias a las multinaciones afines, al sindicalismo con conexiones con represores y golpistas, menemistas y la entrega del patrimonio nacional (como la bandera de conveniencia, reduccion de sueldos, etc.), acusados de extorsiones, vaciamiento, narcotrafico, maniobras de defraudacion y antidemocraticas, por nombrar solo algunos puntos del extenso prontuario de sindicalistas como “el caballo” Suarez. Colocado como una marioneta “aplaudidora” de las medidas antipopulares, y como socio necesario de negocios muy cercanos al gobierno. Alli pareciera quebrarse la delgada y fragil linea ideologica y fundamentalista del gobierno “popular”. Desconocemos completamente en que momento de la historia un personaje como Omar “Caballo” Suarez paso a convertirse en una especie de paladin revolucionario con conciencia de clase, defensor de los trabajadores y de un modelo “nacional y popular”. Seguramente se utiliza esta misma logica para los casos ejemplificadores del General Cesar Milani o los empresarios Lazaro Baez o Cristobal Lopez.

Algunos numeros que incomodan al modelo:

El principio de equidad indica que a condiciones de igual ingreso y características para generarlo, junto a una estructura del hogar similar, el pago del tributo por cada contribuyente no debe ser diferente. Sin embargo, desde 2013, tras el dictado del decreto 1.242, se estableció caprichosamente que quienes tuvieron entre enero y agosto de ese año un ingreso “normal y habitual” de hasta $15.000 en términos brutos quedaba exento del pago del Impuesto a las Ganancias a futuro, independientemente de que por efecto de la inflación y progreso laboral, hoy gane 20, 50 o 100 mil pesos al mes. Por el contrario, quien perdió un empleo y lo pudo recuperar con un ingreso de $15.000 o más hoy debe tributar.

Y también se afectó el principio de capacidad de pago, porque pagar Ganancias sobre un salario de $15.000 brutos, equivalente a $12.000 de bolsillo, desconoce que ese ingreso no posibilita capacidad de ahorro, en particular para muchos trabajadores que deben hacer frente al pago del alquiler de la vivienda, porque con ese salario es imposible acceder al crédito hipotecario para poder comprarla, y con el excedente alimentarse, vestirse y afrontar los gastos de movilidad, y tal vez dedicar algún peso a algún esparcimiento. No mucho más. Por tanto, no puede ser considerado un sujeto de altas rentas, aunque pueda superar en 10 veces a los que menos perciben, y por eso se los fuerza a una declamada “acción solidaria”.

Más aún cuando desde el gobierno nacional, de todo signo político, presente y pasado, con muy raras excepciones, han hecho de la política inflacionaria, una forma de financiamiento regresivo del gasto público, porque ha afectado más al que supuestamente quiere favorecer, sea por la pérdida de capacidad de compra de su salario o plan social, sea por la destrucción de las oportunidades para obtener empleos de calidad, al contribuir a generar un escenario de desconfianza para la inversión productiva y atraso respecto del mundo.

Además se podría agregar que el pago del tributo no tiene como contrapartida la adecuada recepción de servicios básicos de educación, salud, seguridad y justicia pública, porque los recursos fiscales se destinan preponderantemente a otros fines. Sólo los que pueden buscan reparo en los servicios privados, constituyendo así una forma adicional de pago de impuestos.

Lamentablemente, en la Argentina no se disponen de estadísticas oficiales de la progresión de la cantidad de contribuyentes personales al Impuesto a las Ganancias, el cual por efecto de la inflación se ha transformado en un impuesto al salario promedio de la economía, y hasta podría afirmarse que en algunos casos se constituyó en confiscatorio. Sin embargo, recuerdan los memoriosos que abarcaba a un 3 a 4% de los asalariados y ahora ya se habría ampliado a más de 20%, incluyendo a autónomos y también jubilados y pensionados.

En los últimos años se agudizó la perdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores. En 2014, luego de la devaluación de enero, la inflación pegó un salto. Según el Centro Cifra, perteneciente a la CTA oficialista que no paro, la inflación fue 36,8% en 2014, de lo cual deduce una caída del salario real de 4,8%.

De acuerdo al Ministerio de Trabajo, los 19 principales sindicatos consiguieron en paritarias un incremento salarial de 29,7%, considerando el último mes del acuerdo 2013 comparado con el último mes de vigencia de lo firmado en 2014. Cuando se incluye el efecto de los aumentos en cuotas y sumas extraordinarias, el incremento es menor, alcanzando 25,7% en las negociaciones de 2014. La comparación con la inflación da más de 10 puntos porcentuales por debajo para los salarios de los trabajadores registrados.

Si se toman los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que releva el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que incluye a todos los ocupados (registrados y en “negro”) de los aglomerados urbanos, la suba de los ingresos entre el cuarto trimestre de 2013 y el mismo período de 2014 es de 29,8%. Si se lo compara contra el 36,8% de inflación, los trabajadores estuvieron al menos 7 puntos porcentuales detrás. Ni que decir si se compara con la inflación que estima la oposición en el Congreso que alcanzó 38,5% para 2014.

Este año el gobierno esgrime el argumento que la inflación se desaceleró. Es cierto, pero se mantienen en un nivel elevado que por ahora no baja del 30% anual. Eso indica la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires de variación interanual para el mes de febrero de este año. La negociación paritaria tiene que sumar, a la inflación que pueda haber en 2015, y la pérdida del salario en 2014.

La comisión técnica de los trabajadores del INDEC organizados en ATE, calculó que la canasta familiar costaba $12.228 en diciembre de 2014. Es una medida, no de lo deseable, sino mínima de lo que debería tener de ingreso una familia. En febrero, el costo de la canasta ya llega a $12.800.

La gran mayoría de la clase obrera está lejos de alcanzar ese nivel. La EPH indica que en el cuarto trimestre (octubre-diciembre) de 2014 el 90% de los ocupados (es decir, 9,8 millones de personas) tenían ingresos menores a los $12.000. Es más, el 50% de los ocupados (5,4 millones de personas) no alcanzaba a superar los $5.500 de ingresos (menos de la mitad de la canasta).

Incluso cuando se considera el ingreso total familiar, lo que surge es que el 60% de las familias (4,9 millones de hogares) no pasaba de los $11.000 de ingresos. Es más, el salario mínimo, vital y móvil es de $4.716 desde enero. Por lo tanto, cubre solo el 39% de la canasta familiar.

En el cuarto trimestre de 2014, el empleo no registrado (en “negro”) se incrementó llegando al 34,3% de los asalariados. Un año antes se ubicaba en 33,5%. A esta realidad hay que agregar que entre los que tienen un empleo formal abundan los contratos “basura” a plazo determinado o mediante tercerización, entre varias otras formas de precariedad laboral. El Estado es un reguero de fraude laboral con miles de contratos a término, de empleos tercerizados y de falsas asistencias técnicas.

En el cuarto trimestre de 2014 la tasa de desocupación llegó a 6,9% cuando un año antes se ubicaba en 6,4%. Se trata de 837 mil trabajadores sin ocupación en los aglomerados urbanos. Pero esas cifras podrían ser mayores, dado que están sospechadas de sufrir el “dibujo” de la intervención del INDEC. Con la recesión económica, el año pasado se extendieron las suspensiones y despidos, principalmente en la industria automotriz.

En el último informe de distribución del ingreso que surge de la EPH también se exhibe un crecimiento del Coeficiente de Gini, lo cual señala un aumento de la desigualdad entre los sectores de mayores ingresos y los de menores.

Desde marzo la jubilación mínima que cobra la mayoría de los jubilados es de $3.821. El gobierno celebra que este monto es el 81% del salario mínimo, vital y móvil, que está en $4.716. Pero lo cierto es que esa jubilación condena a la miseria a nuestros mayores y está bien lejos del 82% móvil que se debería aplicar sobre el salario que percibirían si estuvieran activos.

Los desvaríos del ministro de Economía, Axel Kicillof, lo llevaron a restar importancia a las cifras de la pobreza que el INDEC “llamativamente” dejó de publicar. Nuevamente, las trabajadoras y trabajadores que enfrentan la intervención dentro del organismo hicieron una estimación propia que indica que la pobreza alcanzó al 25,5% de las personas en el primer semestre de 2014. La pérdida del poder de compra del salario y de los puestos de trabajo también se refleja en la precarización de las condiciones de vida.

Las empresas la siguen “levantando en pala”: El Centro CIFRA, antes mencionado, indica que la caída del salario real tuvo su contrapartida en “un incremento en la rentabilidad de las grandes firmas que treparon al 8,0% sobre ventas” durante 2014.

En la cúpula de las 30 empresas más importantes, las ganancias netas se incrementaron 30,8% en 2014 descontando el efecto de la inflación. Como se ve la devaluación, la inflación y la recesión no maltrata a todos. A algunos les va bastante bien.

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