el SOMU y la complicidad judicial (historia de impunidad y corrupcion)

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La Justicia en deuda con la sociedad.

La misteriosa muerte del fiscal federal Alberto Nisman, no hace mas que acrecentar el descreimiento y poner a la justicia argentina, nuevamente bajo sospecha; las dudas correspondientes a la independencia del poder judicial con respecto al resto de los poderes del Estado, nos muestra una justicia influenciable y cómplice muchas veces de la política de turno. Para ciertas figuras “amigas del poder”, la impunidad se torna cosa cotidiana, palpable y a la vista de toda la sociedad. De esta manera, una sociedad argentina descreída, termina convirtiéndose en rehén de las mafias instauradas en el poder y que gozan de la impunidad de sus actos ilícitos y hasta criminales.

Las causas “avanzan” o se “duermen” según el interés político que se esconde detrás de cada una de ellas y, según quienes son los actores principales y secundarios y el grado de impunidad con el que cuentan, el fin que se persigue y, el beneficio que se pueda sacar para los sectores influyentes.

Suárez y el principio de una larga impunidad.

En 1989, se produce por parte de Enrique Omar Suárez, militares “carapintadas” y miembros de los grupos de tareas de la ultima dictadura militar, el copamiento del SOMU, que perdura hasta el día de hoy. Con la posterior “legalización” por intermedio de elecciones avaladas y “aseguradas” por el Ministerio de Trabajo. Pasan los gobiernos, pasan los ministros pero la impunidad continua.

En Septiembre de 1991, un grupo de diputados del Partido Justicialista (Carlos Rosales, Héctor Dalmau, Jorge Machicote, Luis Enrique Uriondo, Juan Carlos Ayala y Luis Echavarría),  presentan al poder Ejecutivo en el Congreso Nacional un pedido de informe y la posterior intervención del SOMU, por los motivos referidos a la toma del Sindicato, la relación, accionar y protección que la Organización Gremial brinda a represores de la dictadura militar, sectores “carapintada” y, por estar vinculados, varios actores del Gremio, con maniobras de narcotráfico internacional.

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“El 17 de Mayo de 1989, siete días después que asumieran las nuevas autoridades del gremio elegidas democráticamente y otros tres días después del triunfo electoral del Partido Justicialista que promovió al Dr. Carlos Menem a la Presidencia de la Nación, un grupo armado capitaneado por Enrique Omar Suárez y Salvador Gargiulo, tomó por asalto la sede del SOMU imponiendo por la fuerza el Secretario Ajunto como Secretario General y el vocal como Secretario Adjunto. Además de los nombrados participaron del hecho exhibiendo armas de grueso calibre, Osvaldo “Paqui” Forese, Oscar Vicente Corbo, “El Tano”, Hugo Néstor Valle, “Teté”, Carlos Ernesto “El Indio” Castillo entre otros. El grupo atacante, identificado ideológicamente con el nazi-fascismo y el sector “carapintada” del Ejército, desplazó mediante amenazas, intimidaciones y atentados a la mayoría de los integrantes del Secretariado y el Consejo Directivo Nacional recientemente electo democráticamente”

La investigación no prospero, la Justicia simplemente no actúo. Es necesario destacar, también que el juez de instrucción José Luis Méndez Villafañe se excusó de continuar a cargo de la causa que investigaba las irregularidades en el SOMU debido a reiteradas amenazas contra su seguridad y su vida.

Eran tiempos de Menem y al año siguiente Enrique Omar Suárez firmaría en Uruguay el decreto 1772/91 de bandera de conveniencia, la entrega de la bandera nacional para buques argentinos, los convenios colectivos y, el vaciamiento y posterior privatización de la Marina Mercante del Estado Nacional.

Las investigaciones, denuncias y sospechas, de toda índole, contra el titular del SOMU continuaron, aunque las influencias políticas tejidas con personajes claves de cada uno de los gobiernos de turno, favorecían a la protección política y judicial. Por aquellos años eran Hugo Anzorreguy y Carlos Corach, entre otros. Hoy, los “protectores” cambiaron, aunque la metodología continua.

Los actores de la Justicia.

Mientras la muerte del fiscal Nisman provoca estupor y temor en una sociedad desamparada, mas alla de los motivos detrás del “suicidio” o “asesinato”, el caso deja al descubierto una batalla por el control y posicionamiento de jueces y fiscales federales “confiables” y, a la vista de toda la sociedad queda expuesta la dependencia del poder judicial al poder político.

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Luego de conocerse la muerte de Alberto Nisman, el juez Ariel Lijo se reincorporó a sus funciones, en plena feria judicial, después de que en las dos primeras semanas de enero su juzgado fuera subrogado por la jueza federal María Servini de Cubría, quien rechazó habilitar la actividad durante el receso veraniego en la Justicia para tratar la denuncia de Nisman.

Además, Lijo le pidió a su colega Rodolfo Canicoba Corral, quien la semana pasada descalificó la presentación de Nisman e incluso deslizó que pudo haberse extralimitado en sus funciones,  que le enviara “todos los antecedentes y documentación” relacionados con las intervenciones telefónicas que cimentaron la denuncia de Nisman. Con esta decisión, Lijo se metió de lleno en la causa luego de que el propio Canicoba Corral había dicho que Nisman debió haber enviado a sorteo su acusación para que recayera en uno de los doce jueces federales.

Extorsiones y procesamiento.

Actualmente, el Juez federal Rodolfo Canicoba Corral es quien tiene a cargo en su juzgado, y por iniciativa del fiscal Gerardo Pollicita, las causas federales contra Enrique Omar Suárez, por entorpecimiento a la navegación, puesta en peligro de varios  buques; por estos hechos, el 5 de diciembre de 2014, Suárez fue procesado y embargado en 5 millones de pesos.

Durante el próximo mes de febrero, Canicoba Corral deberá fallar con respecto a las denuncias por extorsión que pesan sobre el titular del SOMU, de la cual existen las denuncias correspondientes de varias empresas, armadores y capitanes, pruebas fehacientes de desvíos de dineros, declaraciones directas de testigos y hasta escuchas telefónicas. De la cual, de declararlo culpable seria condenado y sin posibilidad de excarcelamiento.

La causa que complica a Suárez, también complica al Gobierno por tratarse de un sindicalista de extrema cercanía al ministro Julio de Vido, con quien comparte intereses.

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Para tratar de tender puentes con el juez Canicoba Corral, “el Caballo” había contratado los servicios del famoso operador “Freddy” Lijo, hermano del juez federal Ariel Lijo y muy cercano a De Vido. Hasta ahora, los servicios de Lijo no lograron penetrar al fiscal Gerardo Pollicita, que lleva adelante la investigación por extorsión, entorpecimiento del transporte y puesta en peligro de la seguridad de los buques, contra un grupo de empresas del sector.

Según el fiscal el bloqueo de Suárez a la actividad de ciertas compañías navieras como Vessel SA, National Shipping y Petro Tank, entre otras, estaría relacionado con la negativa de estas firmas a realizar “donaciones” que habrían sido ilegítimamente exigidas por el SOMU con el pretexto de campañas de capacitación para sus afiliados. Según las denuncias, el dinero obtenido por esta vía era ingresado a la Fundación Azul y desde allí derivado a otras empresas vinculadas al sindicalista.

Robo al Estado y ocultamiento de pruebas.

Otra de las causas federales contra Enrique Omar Suárez, corresponde al juzgado N° 1 a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría, en la que se denuncia el robo perpetrado contra bienes del Estado Nacional de parte del Secretario General del SOMU, en la Isla Demarchi, para beneficio personal. Como la construcción del hotel “Puerto Belinda” en su ciudad natal de Monte Caseros y otros hoteles y emprendimientos privados.

También se denuncia el ocultamiento de pruebas, por parte de Suárez, de documentación que lo comprometería en las diversas causas por la que se lo investiga. Dicha documentación fue extraída del gremio hacia la Empresa “Bank” dedicada al archivo, custodia y hasta destrucción de documentación, tal como lo define la Empresa en su pagina Web y que cuenta con sucursales en Buenos Aires y Montevideo.

“suicidios” para los denunciantes y una larga lista de muertes.

En el mismo juzgado federal, de la Jueza María Servini de Cubría, se denuncian amenazas de provocar “suicidios” contra los denunciantes, según declaro Omar “el Caballo” Suárez a testigos, “…como lo que le paso a Coll” (sic), haciendo referencia a la muerte, años atrás, de Juan José Coll, Secretario Adjunto del SOMU, enfrentado con Suárez y, muerto con una escopeta, en un supuesto suicidio nunca esclarecido y en circunstancias dudosas y de las cuales “el Caballo” siempre ha dejado entrever una supuesta autoria en el hecho haciendo alarde del suceso en numerosas ocasiones.

Este no es el único caso de violencia en el SOMU, a través de los años, se fueron sucediendo numerosos hechos criminales y de tinte mafioso, como la colocación de una bomba en la casa de la hermana del Secretario de Maquinas, Nicolás Racco, quien se encontraba allí junto a su familia y, que pudo salir ileso del atentado, al encontrase fortuitamente en el patio trasero de la casa; emboscadas con vehículos y numerosas amenazas en el domicilio privado contra el Secretario General Juan Francisco Arce y su familia para exigirle la renuncia; la muerte del dirigente del gremio Alberto Rodríguez, luego de oponerse a la compra de un terreno en Monte Caseros y asesinado, a los pocos días, por varios disparos por la espalda, cuando tocan a la puerta de su domicilio particular; el asesinato de la joven Karina Yerbal, amante de Suárez, quien estaba por dar aviso al ex intendente de Monte Caseros Eduardo Galantini que iban a asesinarlo y, hasta la muerte del propio hermano de “el Caballo”, Antonio Suárez, presidente de la Obra Social del Personal Marítimo, “suicidado” con una escopeta, junto a su esposa, en circunstancias nunca esclarecidas.

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“Caballo” por encima de la Ley.

Aparte de las denuncias anteriormente mencionadas en los distintos juzgados federales, existen, en la actualidad, otras denuncias penales con respecto al vaciamiento del SOMU, operaciones de armado de un Holding de empresas privadas pertenecientes a Suárez o testaferros utilizando la influencia del Sindicato, como escudo protector y en perjuicio de los afiliados de la Institución; reuniones y determinaciones del Secretariado Nacional del gremio inexistentes, falsificación de firmas de miembros del Secretariado Nacional, irregularidades en los Congresos General de Delegados como por ejemplo la elección de autoridades de la Obra Social (Obra Social del Personal Marítimo) con la posterior falsificación del libro de actas, el manejo de fondos de la Mutual Sindical y, la separación irregular y antiestatutaria de ocho dirigentes nacionales, con la prohibición de entrada con el Ejercito Argentino, por manifestarse en contra de todas estas maniobras y otras tantas acciones antidemocráticas y contra el patrimonio de la Institución gremial.

El Juzgado Nacional de Primera instancia del Trabajo N° 62 a cargo de Dr. Miguel Omar Pérez resolvió la reincorporación inmediata de los dirigentes proscriptos por orden arbitraria e ilegitima de Omar “Caballo” Suárez y que atenta gravemente contra el modelo sindical argentino y el derecho básico de la libertad sindical.

A pesar de todo ello, la justicia laboral parece tomarse su tiempo y obviar la violación a una resolución judicial por parte de “el Caballo”, lo cual confiere una violación grave a la Ley, con consecuencia inmediata de prisión, por no reconocer un fallo judicial.

Sin embargo, Suárez pareciera estar por encima de cualquier fallo judicial y la impunidad que le brinda el poder político y judicial no conoce limites ni escrúpulos.

Mientras tanto, el Dr. Héctor J. Scotti, ex Juez de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ex Juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, actualmente haciendo las veces de “padrino” del Estudio de Marcelo Esteban Urban, apoderado que representa a Enrique Omar Suárez, mueve sus influencias y se encarga de hacer lobby en los tribunales laborales, especialmente en la Sala N° VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, ubicada en Lavalle N° 1554 piso 5° en Capital Federal, que esta a cargo del Presidente Dr. Néstor Miguel Rodríguez Brunengo, Vicepresidente Dra. Inés Beatriz Fontana, Vocal Dra. Milagros Estela Ferreiros, Secretario Dra. Rosalía Romero y, Prosecretario Dr. Héctor Horacio Karpiuk.

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Allí intenta, el Dr. Héctor Scotti, retrotraer o “dormir” el fallo inicial de reincorporación inmediata de los dirigentes proscriptos, entorpecer la causa y, buscar un fallo que beneficie a Suárez.

Será por eso que la de la Sala N° VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo tarda tanto tiempo en expedirse cuando un fallo anterior ordena la reincorporación inmediata de los dirigentes y nunca fue respetado por Suárez?

La “Justicia” argentina pareciera que se sienta a esperar que ocurra en el SOMU un nuevo caso “Mariano Ferreyra” para despabilarse y tomar las medidas necesarias o a la espera de engrosar la lista de muertes o “suicidios” contra los trabajadores y dirigentes que se animan a manifestarse contra la mafia sindical eternizada en el poder, encarnada en la figura de “El Caballo”. En ese caso, los culpables, no solo serán Enrique Omar Suárez y sus cómplices dentro de la Institución Gremial, sino también la corrupción e impunidad avalada con la inacción de los poderes del Estado.

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